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El ministro de Justicia asegura que nunca ha dado órdenes a la Fiscalía

Rafael Catalá, ministro de Justicia.

Marcos Pinheiro

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que el Gobierno nunca ha dado órdenes a la Fiscalía, aunque podría hacerlo. Ha citado el Estatuto del Ministerio Fiscal porque este recoge la posibilidad de que el Ejecutivo pueda instar determinada actuación, pero asegura que nunca ha ejercido esa potestad: “Tenemos una Fiscalía cien por cien autónoma y libre”.

Así se ha expresado el titular de Justicia durante su comparecencia en el Congreso para hablar sobre distintos asuntos ocurridos en los últimos meses. Varios portavoces le han afeado las renovaciones de la cúpula fiscal y sus palabras tras la polémica por la acusación al ya expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.

Sobre la renovación de los fiscales, Catalá no ha querido entrar en el fondo y se ha limitado a decir que tocaba una amplia renovación por fechas y que el porcentaje de cambios fue muy pequeño: tan solo cinco fiscales perdieron su puesto de 35 nombramientos. Así, ha criticado que se traslade la idea de que el Gobierno hizo limpia para colocar a sus afines.

Tampoco ha entrado en el fondo sobre Pedro Antonio Sánchez. Varios diputados le han afeado que criticase a las fiscales del caso Púnica cuando estas apostaron por acusarle en contra de sus superiores. El ministro dijo que tenían “un problema” si sus jefes no compartían su criterio y anunció posibles sanciones contra ellas por hacer pública su discrepancia.

El ministro únicamente ha hecho referencia a otra de las polémicas de esos días, cuando el presidente de Murcia tuvo acceso al criterio de los fiscales del Supremo sobre su caso antes de que este fuera público. Catalá ha asegurado que la Fiscalía emitió una nota donde hablaba sobre ese criterio, aunque en ese comunicado, en el que se rechazaba la acusación, no se hacía referencia a los fiscales del Supremo.

Durante su comparecencia, Catalá ha anunciado que el próximo Estatuto Fiscal prohibirá la posibilidad dar órdenes verbales a los fiscales, y todas tendrán que ser por escrito.

Los portavoces de los grupos también le han preguntado por las últimas condenas por enaltecimiento del terrorismo, y algunos le han afeado que los tribunales echen mano del código penal para perseguir conductas amparadas por la libertad de expresión.

El ministro ha rechazado esa afirmación. “Mi absoluta discrepancia, tenemos un sistema de derechos afinado, garantista, y un Poder Judicial que lo garantiza”, ha asegurado, al tiempo que pedido que no se lance el mensaje de que “se penaliza el humor, porque lo que se penaliza son tipos penales”.

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