Ministro de Justicia belga avisa de que la extradición de Puigdemont compete a los jueces y el Gobierno “no tiene rol”

“Es un procedimiento enteramente judicial. El poder ejecutivo no juega ningún rol en el procedimiento de la orden europea de detención (ODE). Todo se hace por contactos directos entras las autoridades judiciales”, explica un comunicado difundido por Geens a través de su cuenta de Twitter.

El ministro ha querido así manifestar una serie de “precisiones” sobre el proceso que se abre a partir de que la Fiscalía federal haya recibido, pasadas las 20:00 horas de este sábado, las euroordenes para detener y extraditar a Puigdemont y a los cuatro exconsellers que el acompañan en Bruselas desde el pasado lunes.

Así recuerda que la orden europea sustituye desde 2004 al tradicional sistema de extradición que dependía de cuestiones bilaterales entre Estados miembros y que la nueva orden sólo puede ser emitida por delitos que sean castigados con “al menos un año de cárcel” en el país que emite la petición.

Se trata de una norma armonizada para agilizar las detenciones y extradiciones entre miembros de la Unión Europea, pero la legislación prevé “causas de rechazo” que están definidas con mayor precisión y que permiten denegar en casos excepcionales la ejecución de la euroorden.

Aunque el comunicado no lo precisa, el ordenamiento jurídico belga prevé en la ley de aplicación de la euroorden varios supuestos posibles para rechazar la extradición, como que la persona requerida sea menor de edad, que se le reclame por hechos amnistiados en el país receptor o que haya riesgos graves para sus Derechos fundamentales en el Estado que le reclama.

En cualquier caso, según recuerda el titular de Justicia y miembro del partido nacionalista flamenco N-VA, la persona requerida por la euroorden será “privada de libertad” como consecuencia de este mandato y deberá prestar declaración en las 24 horas siguientes ante el juez de instrucción designado para el caso.

Será este juez quien decida si la orden cursada por las autoridades judiciales españolas es conforme a derecho y también si la persona requerida, en este caso Puigdemont y los cuatro exconsellers, debe continuar en prisión o es puesta en libertad, condicionada a medidas para impedir su fuga.

La Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia) decidirá después en el plazo de 15 días si la orden de extradición puede ser ejecutada, y las partes podrán recurrir la decisión ante el Tribunal de Apelación, que también dispondrá de otros 15 días para pronunciarse.

Tras agotar estos dos recursos (30 días máximo en total), las partes aún podrán recurrir a una última instancia, la Corte de Casación, lo que podría alargar los plazos previstos para tomar la decisión definitiva.

Así las cosas, la decisión final sobre la orden de detención y extradición se debe cerrar en un plazo máximo de 60 días, aunque en circunstancias excepcionales podría alargarse 30 más, hasta sumar 90.

Si la Justicia belga concluye que debe cumplirse con la orden europea, los afectados deberán ser entregados a las autoridades del Estado que les reclama en los 10 días siguientes a la decisión definitiva.