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Ministros abordan en Ecuador acceso a la Justicia e instituciones inclusivas
El acceso a la Justicia para todos y la consecución de instituciones inclusivas, eficaces y responsables son algunos de los temas que abordan los ministros y delegados gubernamentales de 21 países reunidos hoy en Quito, en la XX Asamblea Plenaria de Ministros de Justicia de Iberoamérica.
Los ministros y altos representantes, pertenecientes a la Conferencia de Ministros de Justicia de países Iberoamericanos (Comjib), analizan en este foro, que concluirá mañana, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la última sesión de su asamblea, que se celebró en la República Dominicana en 2015.
El acceso a la Justicia de forma igualitaria se inscribe en el cumplimiento del objetivo número 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, indicó en un comunicado el Ministerio de Justicia ecuatoriano.
En la reunión, además de los ministros participa Miguel de Serpa Soares, secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU, quien impartirá la conferencia titulada “El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 sobre Justicia y Paz y la Justicia Internacional Penal ante violaciones graves del Derecho Internacional”.
La transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales y las acciones iberoamericanas sobre modernización de la Justicia son otros de los temas que se abordarán en la reunión.
La fuente indicó que también se tratará un acuerdo adoptado en la reunión de la Comjib celebrada en Panamá en mayo de 2016 sobre la adopción de un Comité por la Equidad de Género en la Justicia.
La Comjib es una organización de naturaleza intergubernamental que busca el desarrollo de políticas públicas enfocadas al fortalecimiento de la Justicia, y promociona formas de cooperación jurídica entre los Estados miembros, indicó el Ministerio.
Sus líneas de acción abarcan objetivos enfocados en el acceso oportuno a la Justicia, respeto a los derechos humanos, reformas de la justicia penal y civil, lucha contra la delincuencia organizada, y reforma de los sistemas penitenciarios, añadió.
Esta organización tiene su sede en Madrid y está conformada por delegaciones de Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Sus integrantes participan en reuniones plenarias cada dos años, y las decisiones mancomunadas se adoptan por una comisión delegada compuesta por cinco países designados en el pleno.
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