Ministros buscan “salto cualitativo” en Justicia con mejoras en información

Ministros de Iberoamérica buscan dar “un salto cualitativo” en materia de Justicia con el impulso de un tratado para la transmisión de solicitudes electrónicas de información entre autoridades centrales, uno de los puntos que se abordan en una reunión internacional que se celebra hoy en Quito.

“Creo que esta plenaria constituirá un antes y un después” en los avances regionales para la mejora de la Justicia, dijo el secretario de la Conferencia de Ministros de Justicia de países Iberoamericanos (Comjib), Arkel Benítez, durante la inauguración de la asamblea del organismo, que concluirá este martes en la capital ecuatoriana.

La intención que guía a los Gobiernos participantes en este evento es combatir y enfrentar “los temas más complejos de la inseguridad y la injusticia en la región” utilizando “herramientas del siglo XXI” como ese tratado, que colocaría a esta zona del planeta al nivel de cualquier otra que haya logrado grandes avances en el área de la Justicia, destacó.

Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de las políticas públicas de justicia y al fortalecimiento del Estado de derecho, la Comjib pretende también avanzar en la búsqueda de acuerdos para enfrentar algunas de las grandes problemáticas regionales en el ámbito de la Justicia, como la delincuencia organizada trasnacional.

Arkel, no obstante, comentó que esa labor debe complementarse con el establecimiento de “marcos de seguridad jurídica” que permitan consolidar logros alcanzados en el ámbito económico o el de los derechos humanos, entre otros.

Y por ello la Comjib se enfocará en iniciativas como el establecimiento de un centro de arbitraje o la búsqueda de indicadores de seguridad jurídica, anticipó, al tiempo que destacó la labor realizada durante los últimos años por la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed).

El acceso a la Justicia para todos y la consecución de instituciones inclusivas, eficaces y responsables son algunos de los temas que abordan los ministros reunidos en este evento.

Los ministros y altos representantes pertenecientes a la Conferencia también analizan en este foro el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la última sesión de su asamblea, que se celebró en República Dominicana en 2015.

El acceso a la Justicia de forma igualitaria se inscribe en el cumplimiento del objetivo número 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, indicó en un comunicado el Ministerio de Justicia ecuatoriano.

El secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU, Miguel de Serpa Soares, quien asiste a las sesiones de trabajo, señaló los avances de los países de Iberoamérica en la implementación de una justicia accesible para todos y en el cumplimiento de la agenda hasta 2030.

Un ejemplo de ello es que varios países han decidido privilegiar las normas del Estado para juzgar los delitos graves, como los de lesa humanidad. “Es un fenómeno que ocurre hace unos dos o tres años. Las Naciones Unidas provee asistencia y apoya los esfuerzos de cada país”, indicó Serpa.

El alto representante de la ONU destacó el trabajo de los 21 países miembros de la Comjib en materia de administración de justicia, así como las iniciativas implementadas para atender las necesidades de cada población.

La Comjib es una organización de naturaleza intergubernamental que busca el desarrollo de políticas públicas enfocadas al fortalecimiento de la Justicia y promociona formas de cooperación jurídica entre los Estados miembros, indicó el Ministerio.

Sus líneas de acción abarcan objetivos enfocados en el acceso oportuno a la Justicia, el respeto a los derechos humanos, las reformas de la justicia penal y civil, la lucha contra la delincuencia organizada y las reformas de los sistemas penitenciarios, añadió.

Esta organización tiene su sede en Madrid y está conformada por delegaciones de Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Sus integrantes participan en reuniones plenarias cada dos años, y las decisiones mancomunadas se adoptan por una comisión delegada compuesta por cinco países designados en el pleno.