Mogherini: el veto a Navalni arroja dudas sobre las elecciones democráticas en Rusia

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó hoy que el veto al líder de la oposición rusa, Alexéi Navalni, en las elecciones presidenciales de marzo de 2018 arroja “serias dudas” sobre la celebración de unos comicios “democráticos” en Rusia.

La decisión de la Comisión Electoral Central (CEC) rusa de bloquear la candidatura de Navalni “debido a una supuesta condena anterior proyecta serias dudas sobre el pluralismo político en Rusia y la perspectiva de unos comicios democráticos el próximo año”, indicó una portavoz de Mogherini en un comunicado.

La jefa de la diplomacia comunitaria recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que a Navalni, quien fue sentenciado por cargos de malversación, le fue “denegado el derecho a un juicio justo en su proceso de 2013 por los mismos cargos.

“Los cargos políticamente motivados no deberían utilizarse contra la participación política. Esperamos que las autoridades rusas garanticen la igualdad de condiciones, incluyendo en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 19 de marzo”, señaló la portavoz.

Además, dijo que la UE espera que la oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos “participe como observador en estos comicios”.

Y advirtió de que la Unión “basará su evaluación del proceso electoral en sus hallazgos, como hemos hecho en el pasado”, concluyó.

Navalni llamó este lunes al boicot de las elecciones presidenciales después de acusar al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, de ordenar a la CEC que rechazara su candidatura.

Es el único político que puede hacer sombra a Putin, especialmente en las grandes ciudades.

La CEC argumentó que, según la legislación vigente, no puede ser candidato a la Presidencia rusa un ciudadano que haya sido condenado por un delito grave y que tenga antecedentes el día de las elecciones.

Según la comisión, ese es el caso de Navalni, ya que fue sentenciado en febrero pasado a cinco años de cárcel por apropiación indebida, lo que implica también una inhabilitación por diez años.

Aunque el Tribunal Europeo consideró injusto ese veredicto, dicha corte no puede anular las sentencias judiciales nacionales.