Montoro pide a las CCAA que deleguen en los ayuntamientos los servicios sociales porque son los que “mejor” lo hacen

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha pedido este martes a las comunidades autónomas que deleguen sus competencias para la prestación de los servicios sociales en los ayuntamientos, ya que considera que son la administración que “mejor” sabe hacerlo.

Montoro ha esgrimido esta propuesta durante su intervención en defensa de la reforma local en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, donde se ha encontrado con la oposición de la mayoría de los grupos parlamentarios y los consejeros de todas las comunidades autónomas que no están gobernadas por el PP.

El ministro ha asegurado que el objetivo del Gobierno con esta reforma es potenciar el municipalismo en España y por ello, con “el máximo respeto” a las competencias autonómicas, ha anunciado que el Ejecutivo va a “impulsar” que las comunidades “deleguen” sus competencias en servicios sociales a las corporaciones locales, “que son los que mejor saben hacerlas”.

Esto tendría lugar con las garantías financieras y las previsiones que establece la reforma local. “Son esas administraciones locales las que deben llevar adelante ese tipo de actividades con independencia de que los estatutos reconozcan competencia exclusiva --ha sostenido--. Por la operatividad de esas funciones deben delegar. Estamos en un Estado en el que el principio de subsidiariedad funciona”.

En este contexto, ha insistido en que el único objetivo de la reforma local es “potenciar” el municipalismo y garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos que ejercen los ayuntamientos, clarificando y simplificando las competencias para evitar duplicidades y bajo el principio de “una administración, una competencia”.

Montoro ha repasado las principales medidas que incluye la ley y las medidas puestas en marcha por el Gobierno para ayudar a los ayuntamientos en su solvencia financiera, como la subida del IBI, el plan de pago a proveedores o la ley de catastro, además de la medida encaminada a que los consistorios con superávit puedan destinar a inversiones estos remanentes.

RECONOCIMIENTO A LOS AYUNTAMIENTOS

Sin embargo, ha reconocido el compromiso de las entidades locales con la estabilidad presupuestaria. “Las entidades locales se han convertido en una administración pública que presenta capacidad de financiación, superávit”, ha dicho el ministro augurando que el cierre del presente año será “aún mejor” que el del primer semestre. “Vaya por delante el reconocimiento y la valoración del Gobierno”, ha insistido.

Vistos estos datos, según ha concluido Montoro, queda demostrado que la reforma local no está redactada para corregir el déficit sino para asegurar “la calidad de los servicios públicos”. Todo ello en el marco de la crisis fiscal “más seria” de la democracia.

Sin embargo, el debate ha comenzado con la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios que han registrado un voto particular al informe aprobado por el PP en solitario de respaldo a la ley. Las formaciones que han pedido al ministro que rectifique y corrija el texto son PSOE, PNV, CiU, Entesa pel Progrés de Catalunya, IU y Amaiur.

El senador socialista Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, ha censurado que el texto “vulnera la Constitución”, incluye una “permanente” posibilidad de “tutela” a los ayuntamientos, “recentraliza” en favor de las diputaciones provinciales, las comunidades autónomas y sobretodo el Gobierno y “sustituye el principio de cooperación por el de administración única”.

Belloch ha asegurado que el PSOE quiere una reforma de la administración local, pero “una reforma justa” que garantice la prestación de los servicios. “¿Qué pasará el día que los ayuntamientos dejen de prestar los servicios que ahora prestan y contribuyen a mantener la paz social?”, ha preguntado recordando las dificultades por las que pasan los ciudadanos en la actual situación de crisis económica.

BELLOCH, A FAVOR DE ELIMINAR LAS DIPUTACIONES

Pero además, ha advertido de que la ley presentada por el Gobierno “invade competencias” y ha arremetido contra el papel que se otorga a las diputaciones provinciales. “Si alguna administración debería suprimirse son las diputaciones”, ha defendido precisando que realiza este comentario “a nivel personal”.

A juicio de Belloch, las competencias de las diputaciones podrían ser asumidas por “cualquier dirección general de una consejería del gobierno autonómico” y hasta ahora “sólo han servido para aumentar poder aparatos orgánicos partidos y aumentar el clientelismo”.

Por parte de CiU, la senadora Montserrat Candini ha advertido de que los ayuntamientos aún tienen “muchas dudas” de cómo se aplicará la ley, “una ley sin alma” que cree que “sólo ve las cifras”. Por ello, ha censurado al PP por sacar adelante sin los demás partidos esta legislación y ha acusado a los 'populares' de confundir mayoría absoluta con “verdad absoluta”.

VULNERA EL ESTATUT

Candini ha recordado además que los alcaldes de Cataluña se comprometieron a cumplir el Estatut, un texto que cree que esta ley vulnera. “No podemos incumplir cosas básicas que se aprobaron por amplísima mayoría”, ha advertido la también alcaldesa de Calella (Barcelona).

El incumplimiento del Estatut también ha sido uno de los pilares de la intervención del portavoz de Entesa, José Montilla, quien ha reprochado al Gobierno que, en vez de resolver “el encaje” de Cataluña en España, se dedique a “poner más leña en el fuego”. “Es la peor ley que se podía hacer para reformar la administración local”, ha censurado.

Montilla ha repasado los incumplimientos de la reforma local respecto al texto estatutario catalán y ha criticado también que se emita el mensaje de que los ayuntamientos “gastan demasiado”, cuando se trata de las administraciones con las cuentas saneadas. “No se puede tratar a las entidades locales como una administración menos de edad porque no lo son”, ha exigido.

También ha manifestado sus críticas al texto el senador de IU José Manuel Mariscal, quien ha comenzado su intervención con un mensaje de apoyo a los alcaldes y concejales de todo signo político que, durante los últimos 34 años, han estado “las 24 horas del día atendiendo y escuchando las necesidades del pueblo sin recibir nada a cambio”.

Mariscal ha censurado la “reconfiguración” de la economía, la democracia y la sociedad que a su juicio ha puesto en marcha el PP y dentro de la que se enmarca esta ley “recentralizadora y autoritaria”. Por ello, ha asegurado que IU seguirá movilizándose junto a organizaciones sociales y movimientos ciudadanos “para que esta ley no sea efectiva”.

PNV MANTIENE RETICENCIAS

Por parte de Amaiur, Alberto Unamunzaga ha calificado el texto de “grave peligro para la autonomía local” y ha compartido con sus compañeros en que “desacredita el trabajo de alcaldes y concejales”, además de suponer “una vuelta de tuerca más a la regresión”.

También ha presentado un voto particular el PNV, pese a haber apoyado al PP en la aprobación del texto en el Congreso. El senador José María Cazalis ha explicado que aún deben incluirse modificaciones que garanticen el reconocimiento de las singularidades de los municipios vascos.