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Montoro se convierte en la principal oposición en los ayuntamientos del cambio

La regla de gasto obliga a rebajar el montante de inversión en servicios públicos básicos de los consistorios, aunque estén saneados financieramente

El Ejecutivo incluyó una disposición en los presupuestos que impide a las Administraciones incorporar como empleados públicos a los trabajadores "de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos"

El Fondo de Liquidez Autonómico se utiliza como un "instrumento para controlar a las comunidades autónomas", según Unidos Podemos

Montoro dice que se trabaja para que haya normalidad en Cataluña y que las empresas vuelvan, pero que será su decisión

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En uno de los numerosos corrillos con periodistas en los pasillos del Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se jactaba de haber sido el responsable de la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  en 2012 que ha supuesto la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por incumplimiento de la regla de gasto. La normativa aprobada por Montoro más los intentos para frenar la remunicipalización de servicios o el reparto del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se han convertido en las herramientas más eficaces como oposición política contra los Ayuntamientos del cambio y las comunidades no gobernadas por el PP.

De poco ha servido que los ayuntamientos estén cuadrando sus cuentas y ayudando al Gobierno de España a responder ante Bruselas o como señala la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF) sean el conjunto de las administraciones autonómica y local las que gracias a sus superávits compensen la desviación del déficit del 3,1% marcado para España, un objetivo que el Gobierno pretende cumplir a todos costa para abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo, que obliga a estar bajo la tutela presupuestaria de Bruselas. 

De nada sirve que Montoro haya destacado este jueves que se ha reducido el gasto total de las administraciones públicas en más de 15.000 millones (1,5 puntos del PIB) desde 2011 y que este año España "va a crecer con toda seguridad un 3,1%. Va ser el tercer año consecutivo con crecimiento por encima del 3%". 

Tampoco importa que el artículo 137 de la Constitución recoja que "el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses" o que el artículo 156 de la Carta Magna señale que "las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".

"Mecanismo de carácter temporal"

Tanto el FLA, que en teoría se puso en marcha como "un mecanismo de carácter temporal",  como la regla de gasto que recoge la Ley de Estabilidad coartan la posibilidad a las Administraciones de poder destinar montantes a políticas propias pese a que tengan en negro sus cuentas. La regla de gasto limita el incremento de gasto público a una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española, incluso aunque el municipio tenga superávit presupuestario, mientras que adherirse al FLA supone la llegada de dinero a menos interés que si se tiene que buscar en el mercado, pero la administración que lo pide tiene que ofrecer información a Hacienda sobre su tesorería y el nivel de cumplimiento del presupuesto, de manera que que el Estado pueda controlar su déficit y el nivel de gasto.  

La batalla de Montoro con Madrid ha sido la más mediática y también la que más lejos ha llegado. El ministro decidió la semana pasada intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Manuela Carmena por incumplir la regla de gasto y le pide recortes en un año y dos meses por un total de 608 millones de euros. Semanalmente la alcaldesa reportará los pasos que está dando para cumplir con lo ordenado. El paso que queda, si persiste el incumplimiento, es destituir al concejal de Economía o a todo el Gobierno.

A la intervención de las cuentas de Carmena hay que sumarle varios pleitos judiciales. El TSJM ha paralizado cauterarmente un total de 577 proyectos de obra pública que el Ayuntamiento estaba financiando con su remanente de tesorería. El Gobierno llevó estas partidas a los tribunales por considerar que la corporación municipal no podía acogerse a esa disposición de la ley por incumplir la regla de gasto en 2016. Por otro lado, la alcaldesa ha anunciado recursos legales por el control de las cuentas, al considerar que la interpretación que está haciendo el Ministerio es errónea. El Ayuntamiento acusa también al departamento de Montoro de haber cambiado de criterio para calcular la norma con el objetivo de que no cumplan la ley.

El enfrentamiento con la capital se remonta casi al inicio de la llegada de Carmena a Cibeles. Desde entonces, Hacienda no ha aprobado ninguno de los planes económicos que ha presentado el Gobierno de Ahora Madrid al que ha pedido recortes por cientos de millones de euros pese a que ha devuelto un 40% de la deuda de Madrid desde su llegada (algo más de 2.000 millones) y ha cerrado dos años las cuentas con casi 1.000 millones de superávit.

El resto de los Ayuntamientos del cambio mantienen la pugna con Hacienda. Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición de ley, avalada por los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, Oviedo y Ferrol, en la que se pide una reforma de la regla de gasto para que las corporaciones con cuentas saneadas puedan invertir en servicios públicos. El PSOE también ha exigido que hacienda que flexibilice la regla exigida por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aunque Montoro no quiere soltar unas riendas que le permiten controlar el gasto de los municipios.

"Es el Gobierno central el que genera la deuda que se está intentando pagar a costa de los ayuntamientos, a costa de limitar las inversiones en los ayuntamientos. La interpretación de la norma que hace el señor Montoro secuestra la autonomía municipal de los consistorios", apunta el alcalde de Cádiz, José María González Kichi.

"Montoro nos impide invertir más en políticas sociales aunque hayamos hechos un buena gestión y tengamos superávit. Hay que plantarle cara al ministro de Hacienda porque es lo que nos pidieron nuestros vecinos y vecinas cuando nos votaron”, afirmó María Rozas, concejala de Economía y Hacienda de Santiago de Compostela.

Los consistorios se han ido desprendiendo del Plan de Ajuste creado en 2012 por el que se creaba un fondo para el pago a proveedores, pero obligaba a unas exigencias de control de gasto. Algunos consistorios como el de Zaragoza han conseguido cuadrar sus cuentas para desembarazarse del corsé financiero aunque la pésima situación económica de los consistorios les obliga a seguir bajo la lupa de Montoro.

"Controlar a las comunidades autónomas"

El sistema del FLA juega un papel parecido para las comunidades autónomas. La posibilidad del ministerio de bloquear el acceso a una financiación con mejores condiciones se ha convertido en fórmula para doblegar a las comunidades autónomas. El senador de Unidos Podemos, Ferran Martínez, criticó que no se haya reformado el sistema de financiación autonómica mientras que esta herramienta se utilice "para pasar en forma de deuda recursos que se deberían haber entregado por el sistema de financiación. Hacienda utiliza estos instrumentos para controlar a las comunidades autónomas".

Montoro no tuvo dudas en amenazar con el bloqueo de esta herramienta financiera en caso de que la Generalitat de Catalunya dedicara partidas al reférendum de independencia del 1 de octubre. En otras comunidades, Hacienda ha llegado a frenar temporalmente el acceso a este mecanismo como en el caso de la Comunidad Valenciana, que exige una salida a la infrafinanciación de esta autonomía.   

Vicent Soler, conseller de Hacienda de la Generalitat valenciana, avisaba de que su administración incumple la regla de gasto por un problema de infrafinanciación y lanzaba un tono de aviso ante la amenaza "recentralizadora" del actual Gobierno de Mariano Rajoy.

En tono parecido la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, apuntó que el FLA es "una especie de chantaje" a las comunidades autónomas donde el Gobierno central "atenta contra la arquitectura constitucional al emplear este fondo como instrumento político para la recentralización de competencias hacia el Estado".

La situación es tan insostenible que seis comunidades autónomas trasladaron a principios de año a Hacienda que el nuevo modelo de financiación autonómica contemple la condonación de las partidas del FLA, teniendo en cuenta que desde 2012 se han desembolsado unos 100.000 millones de euros.

De momento el Comité Técnico Permanente de Evaluación, donde se da el grueso de la negociación técnica del modelo de financiación, evaluará los trabajos de la comisión de expertos a la que, anteriormente, se encomendó la realización de los primeros análisis necesarios para la formulación posterior del modelo. Posteriormente, esas conclusiones se mandarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera, se elaborarán los correspondientes anteproyectos legislativos y se procederá a su tramitación parlamentaria

El frente de las remunicipalizaciones

Los programas electorales de las candidaturas de confluencia ante las municipales de 2015 incluían la recuperación de la gestión pública como una de sus propuestas bandera. El Gobierno ha intentado frenar esto procesos de remunicipalización iniciados por diversos ayuntamientos en los últimos años. El Ejecutivo incluyó la  disposición 27 del borrador de los PGE que impide a las Administraciones incorporar como empleados públicos a los trabajadores "de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos".

Además de este precepto presupuestario, Hacienda ha recurrido ante los tribunales la devolución de servicios públicos a los municipios. Con el primer recurso contra el Ayuntamiento de Valladolid, patinaron. El juzgado de lo Contencioso número 3 desestimaba en un primer momento la petición de ministerio para la adopción de medidas cautelares que instaban a la paralización del acuerdo de pleno municipal y, posteriormente, rechazó el recurso. 

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