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La ley impide a Montoro responder si los Pujol se acogieron a su amnistía fiscal

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol evita responder a los periodistas

Irene Castro

Cristóbal Montoro no puede informar en el Congreso sobre el hipotético acogimiento de la familia Pujol Ferrusola a la última amnistía fiscal. El ministro de Hacienda tiene limitada por ley su capacidad de responder si el expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, o su familia se beneficiaron o no de la regularización extraordinaria impulsada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como le ha solicitado el PSOE.

El artículo 95 de la Ley General Tributaria prohíbe ceder o comunicar a terceros “datos, informes o antecedentes” obtenidos por la administración tributaria salvo que se trate de procedimientos judiciales o de colaboración con otras administraciones tributarias o laborales. Esto significa que la regulación impide a Hacienda revelar las identidades de aquellos que se acogieron a la amnistía fiscal.

El PSOE ha solicitado la comparecencia de Montoro en el Congreso para que diga si la familia Pujol Ferrusola se acogió a la regularización extraordinaria de 2012 y para que dé detalles sobre las “cantidades” y el “origen” de los fondos. El PP no ha decidido aún si votará a favor o en contra de esa petición en la reunión de la Diputación Permamente que se celebrará a finales de mes.

En el caso de que la comparecencia salga adelante, el titular de Hacienda no podrá revelar los datos que solicita el PSOE porque lo impide la ley. “Montoro compareció en la comisión de Hacienda para decir que Luis Bárcenas no se había acogido a la amnistía fiscal”, compara el diputado socialista Pedro Saura. “Vino para un caso que le interesaba. No puede ser que por cálculos políticos la ley se interprete de otra manera”, recrimina.

El Ministerio de Hacienda emitió un comunicado en el que negaba específicamente que el extesorero del PP se hubiera acogido a la amnistía fiscal. Además, Montoro compareció en el Congreso: “En la lista no aparece”, aseguró, aunque dejó la puerta abierta a que lo hubiera hecho a través de una empresa pantalla.

Montoro se justificó al dar esa información en que el abogado del extesorero del PP había hecho unas declaraciones en las que aseguraba que Bárcenas había regularizado diez millones de euros gracias a la medida impulsada por el Gobierno. Según el ministro, esos comentarios eliminaron su obligación legal de reserva.

En el caso de Pujol, el expresidente catalán confesó que había ocultado en el extranjero dinero de la herencia de su padre durante décadas. En el comunicado, el exdirigente de CiU insinuó que la regularización de ese dinero no se había realizado a través de la amnistía de 2012 sino de una regularización extemporánea “con las consecuencias del nuevo marco legal aprobado para incentivar la última regularización excepcional de noviembre de 2012 y para penalizar extremadamente las regularizaciones posteriores”.

Investigados desde hace años

La petición del PSOE no se refiere únicamente a esa herencia que provocó la confesión de Pujol, ya que hace una pregunta generalizada sobre “la posible regularización fiscal, por la vía de la amnistía de miembros de la familia Pujol”. Los socialistas quieren saber si Hacienda “ha investigado el origen del dinero a partir de la regularización”. “El problema de la amnistía es que había un pacto entre los defraudadores y Hacienda por el que no se investigaba”, expresa Saura.

No obstante, fuentes de Hacienda sostienen que la investigación de los fondos de la familia Pujol Ferrusola comenzó “hace mucho tiempo”. Uno de los requisitos de la conocida como amnistía fiscal es que no se podían regularizar rentas “con un procedimiento abierto antes de su presentación”, por lo que no pudieron acogerse a ella si la investigación ya estaba en marcha.

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, lleva dos años investigando al primogénito de Pujol y la Fiscalía estudia a otro de sus hijos, Oleguer, por haber presuntamente blanqueado 2.000 millones de euros. El PSOE considera que, a pesar de las investigaciones judiciales abiertas, “no es decente que la dirección política de la Agencia Tributaria mire para otro lado en el origen de los fondos regularizados”.

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