En Nicaragua “no hay derecho a protestar aunque sea pacíficamente”, según una ONG

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) afirmó hoy que la política del Gobierno de Nicaragua es que “no hay derecho a protestas aunque sea pacíficamente”, cuando el mundo celebra el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Hay una política de hacer que el pueblo entienda que no hay derecho a protestar aunque sea pacíficamente”, dijo el director de proyectos de la CPDH, Denis Darse, en conferencia de prensa.

Como producto de esa política, 327 ciudadanos han muerto desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega ocurrido el 18 de abril, entre ellas 14 mujeres, 32 menores de edad y 155 jóvenes, y más de 30.000 debieron huir de Nicaragua para no ser asesinados o capturados por policías y supuestos paramilitares encapuchados, según un informe de la CPDH presentado este lunes.

El 50 por ciento de las personas capturadas, al menos 610, enfrentan cargos de terrorismo, así como torturas, asesinatos, agresiones físicas, portación y uso ilegal de armas de fuego a pesar de que “las pruebas de parafina han resultado negativas”, hay personas arrestadas por procesos que deben enfrentar en libertad, afirmó Darse.

Los “presos políticos son personas trabajadoras, que tienen sus profesiones, sus ocupaciones”, pero enfrentan procesos a puertas cerradas, “llegan a los juzgados esposados, no pueden hablar con sus abogados ni jueces, observan cómo testigos y pruebas inventadas desfilan en los juicios”, detalló.

“La persona que llega ahí, desde que entra el expediente, ya está sentenciada, lo demás es un circo”, resaltó el abogado.

De los 185 acusados que defiende la CPDH, 109 continúan con procesos abiertos, 59 fueron condenados con hasta 24 años de cárcel, y están en apelación, mientras que otros 17 fueron absueltos, aunque esto no necesariamente se ha traducido en su liberación.

Darse subrayó que cuando los manifestantes son capturados la Policía no informa a sus familiares, ni a sus abogados, ni a otras autoridades, por lo que en Nicaragua “hay desaparición forzada, aislamiento, maltrato, se han ensañado contra los presos políticos, se amenazan a los abogados y testigos, se sufren represalias por parte del Poder Judicial”.

Según la CPDH, más de 50.000 familias, incluyendo 150.000 niños, “están marcadas” de forma directa por la “represión”, ya que perdieron a por lo menos un familiar, porque uno de ellos ha sido capturado, porque alguno debió abandonar Nicaragua, o porque no pudo salir y se encuentra escondido.

Adicionalmente el Gobierno atenta contra los medios de comunicación y periodistas, como parte de “su estrategia de evitar que la ciudadanía tenga acceso a conocer una información diferente a la de los medios oficiales”.

El Gobierno, reconoce 199 muertos y 273 reos, a los que denomina “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

Ortega, quien ha sido señalado por los organismos humanitarios nacionales e internacionales como responsable de la crisis, niega toda responsabilidad, y afirma que ha vencido un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años seguidos de Gobierno.