Nicaragua reclamará por vía legal millonaria indemnización a Estados Unidos

Nicaragua anunció hoy que reclamará por vías legales una millonaria indemnización a EE.UU. con base en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitida en 1986, tras aprobarse este jueves en la Cámara baja estadounidense un proyecto para frenar desembolsos al país centroamericano.

“El Estado nicaragüense ha iniciado un proceso jurídico que nos permitirá exigir a los Estados Unidos de Norteamérica el pago de la indemnización ordenada en 1986” por la CIJ, “como compensación por los daños fatales ocasionados al pueblo y Gobierno de Nicaragua por la intromisión destructiva e ilegal de esa potencia en los asuntos nacionales”, señaló el Ejecutivo nicaragüense en una nota de prensa.

El fallo de la CIJ fue dictado el 27 de junio de 1986 para condenar los ataques con explosivos contra puertos y otras instalaciones de Nicaragua, durante la guerra civil que vivió este país centroamericano en la década del ochenta.

La Administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) retiró el reclamo de indemnización contra EE.UU, por unos 17.000 millones de dólares.

“El Estado nicaragüense reclamará el derecho de nuestro país a ser reconocido hoy, con recursos que se dispondrán para la paz, la democracia y el desarrollo”, continuó el Ejecutivo en la nota, leída por la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo.

La decisión del Gobierno se dio a conocer luego de que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ratificara este jueves la “Nica Act” (Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017), una iniciativa de ley para frenar desembolsos internacionales a Nicaragua hasta que este país celebre elecciones “libres, justas y transparentes”.

“Rechazamos y condenamos la Nica Act como la continuidad de políticas históricas de injerencia imperial de los Estados Unidos en Nicaragua”, señaló el Gobierno nicaragüense al respecto.

“Nuestro país continuará desarrollando sus políticas y propuestas de unidad nacional, de acuerdo con nuestros compromisos constitucionales, y a nuestras realidades”, continuó el Ejecutivo sandinista, que destacó su modelo de diálogo, alianzas y consensos, “que ha asegurado reconciliación, paz y unidad”.

El objetivo de la “Nica Act” es que la Administración estadounidense se oponga a la concesión de préstamos al Gobierno de Daniel Ortega, de 250 millones a 300 millones de dólares anuales, “excepto por razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”.

Esto sería un fuerte golpe para el segundo país más pobre de América después de Haití, ya que su economía depende en un 10 % de los préstamos de los organismos internacionales.

Adicionalmente, de cada 100 dólares obtenidos en financiamiento externo para proyectos de infraestructura y producción, 50 provienen de organismos multilaterales en los que Estados Unidos ejerce influencia, según el informe oficial de Cooperación Externa del Banco Central de Nicaragua.

El origen de estas peticiones se basa en los señalamientos de diversos sectores del país, de que el Gobierno de Ortega se ha visto beneficiado en cada proceso electoral desde 2008, así como la acumulación de poder en favor del presidente.