Nueva operación de la Lava Jato contra desvíos ilícitos en una obra de Petrobras

La Policía brasileña inició hoy la 56ª fase de la operación Lava Jato contra el desvío ilícito de recursos y la superfacturación en la construcción de la nueva sede de la petrolera estatal Petrobras en Salvador, capital del estado de Bahía (nordeste), informaron fuentes oficiales.

Agentes de la Policía Federal cumplen 22 mandatos de prisión y 68 órdenes de allanamiento en domicilios de los estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, todos ellos en la región sudeste del país, y Bahía, según señaló la corporación en un comunicado.

Las investigaciones indican que los contratos para la construcción de la sede de Petrobras en Salvador “fueron superfacturados” y que parte de esos recursos fueron desviados “para hacer viable el pago de ventajas indebidas”.

Según la Policía, las obras fueron realizadas por una empresa ligada a otras dos “grandes compañías” implicadas en anteriores operaciones de la Lava Jato, que investiga desde 2014 los millonarios desvíos que ocurrieron en el seno de Petrobras.

“El valor de la ejecución” de las obras “estuvo muy por encima de lo que debería, así como también el valor del alquiler a ser pago”, indicó la Policía Federal.

Los pagos ilícitos tenían como destino agentes públicos de la petrolera, dirigentes de Petros, un fondo de pensión que se alimenta de las contribuciones de los propios empleados de la compañía estatal, y terceros que participaban de la trama corrupta.

“Los investigados dirigían parte de los recursos obtenidos de esos valores” pactados “para el pago de sobornos, utilizando artificios para ocultar y disimular el origen y destino de esos montantes”, añadió la institución.

Las penas sumadas por los delitos investigados (corrupción activa y pasiva, fraude, blanqueo de capitales y asociación ilícita) pueden llegar a los 50 años de prisión.

La operación Lava Jato ha llevado a prisión a importantes empresarios y políticos, entre ellos al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple desde abril pasado una condena de 12 años y 1 mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.