Nuevo aplazamiento del inicio juicio por la tragedia del Rana Plaza en Bangladesh

Un tribunal de Bangladesh aplazó hoy por segunda vez el juicio contra el dueño del complejo textil Rana Plaza y otras 39 personas por el derrumbe del inmueble en 2013, una tragedia que causó la muerte de 1.130 trabajadores y heridas a otros 2.500.

“Dos testigos se presentaron en la corte, pero el juicio ha tenido que ser aplazado”, manifestó a Efe el fiscal de la causa Abdul Mannan, que reveló que la nueva vista será el próximo 22 de enero.

Según el fiscal, la decisión de posponer el inicio del juicio se produjo después de que la defensa presentara ante la corte un certificado de un tribunal superior asegurando que éste debía ser aplazado seis meses por desacuerdos con el proceso judicial.

Sin embargo, la corte “no quedó satisfecha” y solicitó a la defensa que “se presente con la documentación pertinente en la nueva fecha” para considerar su petición, aseguró el fiscal.

Esta es la segunda vez que se aplaza el inicio del juicio.

El pasado 18 de septiembre se pospuso porque cuatro de los acusados apelaron a un tribunal superior la formulación de los cargos en su contra.

Antes, el 18 de julio, el tribunal del distrito de Dacca acusó a 41 personas, incluido al dueño del complejo, Sohel Rana, por varios delitos incluidos el de homicidio.

Actualmente hay 4 acusados en prisión, 29 libres con fianza y 7 prófugos de la justicia, precisó Mannan, que explicó que uno de los acusados falleció recientemente cuando estaba en libertad condicional.

El Rana Plaza, un edificio de nueve plantas en el suburbio industrial de Savar, a las afueras de Dacca, se desplomó el 4 de abril de 2013 causando la muerte de 1.130 trabajadores y heridas a más de 2.500.

El complejo alojaba a cinco fábricas textiles que producían ropa para 30 marcas de renombre internacional, incluidas Benetton, C&A, El Corte Inglés, Mango y Primark.

Varias de estas firmas hicieron donaciones posteriores a las víctimas por una catástrofe que obligó al Gobierno de Bangladesh a realizar una revisión completa de su sector industrial textil, con controles, inspecciones y una nueva normativa.

Sin embargo, tres años después del siniestro el proceso de reforma para lograr mayor seguridad en las fábricas avanza con gran retraso entre disputas por precios y costes entre propietarios locales y compradores extranjeros.