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Nuevos sobresaltos para el PP con los mismos protagonistas en las próximas revelaciones de la Púnica

El juez levanta este miércoles el secreto del sumario sobre la trama de corrupción que afecta a dos exconsejeros de Presidencia madrileños

Los miles de folios que conocerán las partes describen la mecánica que seguía la amplia red de la que Francisco Granados era uno de los cabecillas

La investigación sigue adelante con los contratos de numerosos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con empresas de la trama

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Francisco Granados, junto a Esperanza Aguirre, en una reunión de la dirección del PP madrileño en 2010. Foto: Ballesteros / Efe.

Francisco Granados, junto a Esperanza Aguirre, en una reunión de la dirección del PP madrileño en 2010. Foto: Ballesteros / Efe.

El levantamiento del secreto del sumario de la Operación Púnica, que el juez decretará este miércoles, llega a tiempo para que el mes de agosto haga de colchón para el PP en el último trimestre de la legislatura. Los miles de folios que se conocerán en las próximas horas prometen jugosos pasajes de cómo la trama de corrupción ha mantenido durante años lazos con la misma Presidencia de la Comunidad de Madrid a través de dos de sus consejeros, Francisco Granados y Salvador Victoria, pero no permitirán extender indicios de responsabilidad penal a otros políticos, según informaron a eldiario.es fuentes de la investigación.

La relevancia de los indicios contra Victoria, hombre de la máxima confianza de Ignacio González, quedó de manifiesto el lunes cuando el juez Eloy Velasco impuso la retirada del pasaporte y la comparecencia en el juzgado al penúltimo consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, imputado por tres delitos de corrupción –cohecho, prevaricación y malversación de fondos- además de por fraude fiscal. Velasco considera que Victoria actuó coordinadamente con Alejandro de Pedro para beneficiarse de trabajos del presunto conseguidor y que pagaron empresas adjudicatarias de la Administración autonómica. Esos trabajos tendrían que ver con mejorar la reputación en Internet de miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, incluido su presidente, Ignacio González.

En cualquier caso, los investigadores descartan por el momento un caso de financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid y así se lo han hecho saber al juez Velasco, según las citadas fuentes. Se trata, creen, de desvío de fondos públicos a cambio de un beneficio concreto, pero que nunca fueron a parar a algo parecido a una caja B del partido. Entre los beneficiados, el propio Victoria, la exconsejera de Educación Lucía Figar y, según ha publicado infolibre.es, la presidenta del partido en la comunidad, Esperanza Aguirre. Su jefa de prensa, Isabel Gallego, está también imputada por destinar fondos públicos a contratar con las empresas de De Pedro servicios para la Comunidad de Madrid.

Pero al colchón de la época estival, el PP podrá sumar otro: la limpia que Cristina Cifuentes ha hecho de los protagonistas de los gobiernos de Aguirre y González en la Comunidad de Madrid. El levantamiento del secreto del sumario permitirá ahondar en las prácticas de la “organización criminal”, según definió el juez, que tenía entre sus líderes a Francisco Granados, ahora en prisión. Granados fue casi todo en los gobiernos de Esperanza Aguirre, pero Cifuentes ya intentó poner tierra de por medio con ese periodo antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Victoria y Figar fueron dos víctimas de esa purga que exigía el sumario de la Operación Púnica, cuyo secreto se levanta este miércoles.

Una de las incógnitas que desvelará el sumario será el grado de colaboración con el juez del exsocio e íntimo amigo de Granados, el empresario David Marjaliza. Desde que fuera encerrado por orden del juez en octubre de 2014, Marjaliza ha salido en cinco ocasiones de la cárcel: dos de ellas para presenciar registros, ordenados por el juez y relacionados con él, y otras tres para visitar el despacho de Velasco en la Audiencia Nacional.

También ha declarado ante Velasco durante su estancia en prisión Ana Ramírez, la secretaria de Marjaliza y considerada su mano derecha. Fue la semana pasada durante dos horas y media. Este lunes, el juez acordó la libertad bajo fianza de 40.000 euros para la mujer, en cuyo domicilio se encontraron escondidos documentos sobre cuentas de su jefe en Suiza y Singapur escondidos bajo los colchones, así como otra documentación que ponía de manifiesto el organigrama de la red de corrupción.

La operación Púnica arrancó con el descubrimiento de una cuenta sin declarar de Francisco Granados en Suiza a finales de 2013. Hacía más de dos años que Aguirre se había deshecho de él, pero el hilo de la investigación ha conducido a los tiempos en los que el político era la mano derecha de la actual jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Desde que comenzara el caso, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han pinchado teléfonos y realizado seguimientos, debidamente filmados. A los informes que den cuenta de ellos tendrán acceso las partes personadas en el caso en las próximas horas.

"Nuevas acciones operativas"

El hecho de que se descarte la aparición de nuevos nombres en el sumario junto a indicios de delito no significa que eso no pueda ocurrir en el futuro. En el auto con el que el juez prolongó el secreto de sumario a principios de este mes, Velasco ya advertía de que habían surgido “nuevos objetivos con una fuerte ligazón de conexidad que exigen del juzgado nuevas acciones operativas relativas a Ayuntamientos, contrataciones públicas, etcétera…”

En la misma resolución razonada, el juez aclaraba que el análisis de correos y mensajes incautados había permitido describir “nuevos regalos y favores” de la empresa Cofely a los ayuntamientos que contrataron con la mencionada multinacional. Sin ir más lejos, seis alcaldes elegidos diputados autonómicos por el PP dirigieron ayuntamientos que contrataron con Cofely y otras empresas vinculadas a la trama de corrupción. Se trata de Pedro Rollán (Torrejón de Ardoz), Juan Soler (Getafe), Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas), David Pérez (Alcorcón), Daniel Ortiz (Móstoles) y Antonio González Terol (Boadilla). El avance de la instrucción determinará la legalidad de esos contratos y, en caso contrario, hasta donde llegan las responsabilidades penales.

Al medio centenar de detenidos hace 10 meses –cinco alcaldes del PP y uno del PSOE, entre ellos– se podrían sumar otros nuevos. Los investigadores creen que la Púnica era una red de redes de corrupción, entre las que figuran pelotazos urbanísticos, amaños en contratos de infraestructuras de eficiencia energética, adjudicaciones irregulares de conciertos para fiestas populares y los citados trabajos de reputación en Internet.

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