La ONG Accem pide al Gobierno que no expulse a los malienses de España

La Organización No Gubernamental (ONG) Accem, ha pedido hoy al Gobierno que “paralice cualquier posible expulsión” de ciudadanos de origen maliense que pudieran encontrarse en situación irregular en España.

En un nota de prensa, esta organización, especializada en el trabajo con personas refugiadas y migrantes en España, considera que el Ejecutivo español “debe garantizar la seguridad e integridad” de los ciudadanos de Malí que se encuentren en España.

Accem ha expresado su preocupación por la situación de violencia que se está viviendo en Malí y sus consecuencias para la población civil.

Recuerda que la situación que atraviesa el país africano ha provocado, hasta el momento, el desplazamiento de unas 380.000 personas, según estimaciones de Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.

Al menos 229.000 personas se han visto desplazadas dentro de las fronteras de Malí, mientras que 147.000 han buscado refugio en los países vecinos.

Desde el estallido del conflicto hace un año, la mayoría de los refugiados han buscado protección en Mauritania (55.000 personas), Níger (53.000) y Burkina Faso (39.000).

En los últimos días, el inicio de los combates y la ofensiva aérea ha intensificado el éxodo de personas refugiadas que, según afirman fuentes de Acnur citadas por Accem, escapan de la “reciente intervención militar, la estricta aplicación de la sharia y la falta de medios de subsistencia”.

“Es asimismo imprescindible”, se añade en el comunicado, que la Oficina de Asilo y Refugio disponga los medios necesarios para dar cobertura de forma ágil y eficaz a las solicitudes de asilo de ciudadanos de Malí, así como para garantizar el acceso a los mecanismos de protección internacional de todos aquellos nacionales de Malí que así lo estimen en cualquier punto del territorio del Estado.

Finalmente, Accem ha pedido que se facilite el acceso a la figura jurídica de la protección subsidiaria a aquellas personas originarias de Malí que no reúnan los requisitos establecidos para el reconocimiento del estatuto de refugiado, pero cuyo retorno a Malí en las circunstancias sobrevenidas “llevaría aparejados graves riesgos para su vida e integridad”.