Una ONG denuncia a 83 diputados involucrados en la comisión que investiga a la Cicig

La ONG Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, denunció este martes a los diputados que han estado involucrados en la nueva comisión que investiga la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El presidente de Acción Ciudadana, Edie Cux, aseguró que después de analizar la creación este lunes de lo que llamó “Comisión de la Verdad” se determinó que existen “posibles delitos que están cometiendo los diputados tanto de quienes la aprobaron, como quienes la integran y quienes participan en las entrevistas”.

En una conferencia de prensa realizada a las afueras de la sede central del Ministerio Públio (Fiscalía), Cux advirtió este martes que la actitud de los congresistas “raya en cuestiones autoritarias y de interferencia a otros organismos”.

Cux consideró que es el Ministerio Público el que “tiene toda la facultad de poder actuar (en contra de los congresistas) debido a que los delitos se están dando en flagrancia”.

Además de abuso de autoridad, los 83 congresistas denunciados están cometiendo “usurpación de funciones y desobediencia”, subrayó Cux, pues “ya existe una resolución de la Corte de Constitucionalidad” que había suspendido el pasado 7 de octubre la primer comisión para fiscalizar lo actuado por CICIG.

El presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, quien apoyó la creación de la nueva entidad para investigar a la Comisión Internacional, que concluyó su estancia en Guatemala el pasado 3 de septiembre, aseguró a la prensa que los diputados están “en su derecho” de actuar.

Señaló de “obsesivo” el trabajo de “bloquear” a la llamada Comisión de la Verdad y sostuvo que esa oposición “solo se puede interpretar como un miedo tremendo” a que se destape “un tema que involucre (a quien presentó la denuncia contra los diputados) con la gente de CICIG que cometió actos delictivos”.

En este sentido, aseguró que la denuncia no llegará “a ningún lado” porque los diputados “gozamos de una protección constitucional para presentar iniciativas, representar acuerdos, votar a favor o en contra”.

Dijo que la denuncia “demuestra un pánico por el trabajo de esta comisión (de la Verdad) que simplemente busca escuchar a guatemaltecos (supuestamente afectados por el actuar de CICIG)” y “por alguna razón le tienen miedo a que los guatemaltecos cuenten su historia”, sentenció.

Este lunes, después de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera temporalmente las funciones de un ente similar aprobado en el seno del pleno, el presidente del Organismo Legislativo, Álvaro Arzú -aliado al oficialismo-, creo la “Comisión de la Verdad” a través de un acuerdo de la presidencia del Congreso.

Este ente estará integrado por los diputados Juan Ramón Lau -que leyó el acuerdo 3-2019 este lunes-, Luis Hernández Azmitia y Manuel Conde, quienes recibirán “todo el apoyo humano, logístico y material por parte del Organismo Legislativo para cumplir” con su misión.

Ellos tres integraban la primera comisión que pretendía fiscalizar a la CICIG.

Dentro de las audiencias realizadas, además de supuestos afectados por las investigaciones que encabezó desde 2007 la CICIG junto con el Ministerio Público, ha habido familiares de procesados que han presentado sus testimonios incluso de casos donde el ente auspiciado por Naciones Unidas no tuvo injerencia.

Durante sus años en Guatemala, la CICIG y el Ministerio Público identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de alto impacto, presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios y sindicaron a más de 1.500 personas.

Pero en agosto del año pasado, el presidente Jimmy Morales, que junto a su familia fue señalado en casos de corrupción, anunció que no renovaría el mandato de la CICIG al acusarla de una supuesta “injerencia en los asuntos internos.

Desde que anunciaron su salida, el Ejecutivo y el Congreso atacaron a la CICIG en varias ocasiones y aseguraron que la comisión volvería al país para enfrentar la Justicia, la última de ellas la semana pasada, cuando el presidente Jimmy Morales dijo en la Asamblea de Naciones Unidas que las repercusiones iban a ser analizadas.