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Una ONG ecuatoriana se suma al pedido para dejar en libertad al informático sueco Ola Bini

Una ONG ecuatoriana se suma al pedido para dejar en libertad al informático sueco Ola Bini

Una ONG ecuatoriana se suma al pedido para dejar en libertad al informático sueco Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) se sumó a las peticiones para que la Justicia ecuatoriana deje en libertad al informático sueco Ola Bini, amigo de Julian Assange y sospechoso de espionaje digital, al considerar que su prisión preventiva es "arbitraria".

"Esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado", aseguró uno de los asesores jurídicos de Inredh, Alejandro Baño, en un comunicado institucional.

La Fundación manifestó su opinión a los jueces través de un "amicus curiae" (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitado a favor del informático sueco, que será estudiado este jueves en una corte de Quito.

Bini, de 37 años, fue detenido el pasado 11 de abril en la sospecha de haber participado en una supuesta red de espionaje que se infiltró en sistemas gubernamentales ecuatorianos, y desde entonces se halla bajo prisión preventiva.

La detención se produjo el mismo día en que el Estado ecuatoriano puso fin al prolongado asilo en su embajada de Assange, a quien Bini visitó en catorce ocasiones.

La ministra del Interior, María Paula Romo, adujo recientemente que cuando se retiró el asilo se previó la posibilidad de ataques a sistemas informáticos públicos y privados "como retaliación a la decisión soberana del Ecuador".

Ello llevó a "revisar los potenciales aliados de Assange en Ecuador" y descubrieron que uno de sus "más asiduos visitantes" en la Embajada en Londres era Bini, que residía en Ecuador.

La información disponible sobre el sueco, según Romo, arrojaba también una "serie de coincidencias" en viajes al exterior con el excanciller Ricardo Patiño, responsable de la concesión del asilo en 2012 y ahora requerido por la justicia ecuatoriana.

Los abogados de Bini, que dice ser inocente, llevan dos meses tratando de que los jueces le conmuten la prisión preventiva por una libertad bajo fianza, pero el 2 de mayo la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de ese mismo mes le fue negado el pedido de caución.

Una postura, la de la defensa, que la Inredh considera propicia dentro de los derechos del sospechoso en este caso.

En ese sentido, la Fundación dice haber enviado el "amicus curiae" para "aportar criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso".

Y asegura que como organismo de derechos humanos "estará vigilante para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso".

La audiencia de este jueves la encabezará el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, en una diligencia en la que se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño -quien negó la fianza a Bini-, así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados.

El pasado 7 de mayo un Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria solicitó al Estado ecuatoriano que proporcione información sobre la detención y advirtió de que expresará públicamente sus "preocupaciones" sobre el caso.

El escrito, remitido al representante ecuatoriano ante la Oficina de la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra, llama a a Ecuador a aclarar las causas que llevaron a la detención del sueco así como las medidas adoptadas para "identificar y remediar cualquier violación" de sus derechos humanos.

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