ONG protestan para pedir la devolución del dinero por el caso Cooperación
Decenas de personas se han concentrado este jueves a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para reclamar “justicia” y la devolución del dinero presuntamente desviado dentro del 'caso Cooperación' en la jornada en la que declara el exconsejero de Solidaridad y actual diputado No Adscrito en las Cortes, Rafael Blasco, en la primera de las piezas en las que se ha dividido la causa, la que afecta a las ayudas recibidas por la Fundación Cyes.
Los concentrados se han colocado a las mismas puertas del TSJCV tras una gran pancarta simulando un billete de 500 euros con el lema 'Que tornen els diners per a cooperació' (Que devuelvan el dinero para cooperación'. Entre ellos, estaba la diputada socialista Clara Tirado, el parlamentario de EUPV Ignacio Blanco, la concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia Consol Castillo o el dirigente de Intersindical Valenciana, Vicent Maurí. Asimismo, se han unido algunas personas con los chalecos rojos contra el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV).
El exconsejero, cuya declaración estaba prevista a las 9.30 horas, ha llegado con antelación al TSJCV. Los concentrados han lanzado consignas como las de la pancarta y han exhibido carteles para reclamar “justicia” y que cese la “impunidad”. El presidente de la Coordinadora de ONGDs que ha convocado la protesta, Carlos Xavier López, ha explicado a los medios de comunicación que quieren que en este caso la justicia sea “ejemplarizante” en la lucha contra la corrupción y que pretenden que se asegure la devolución del dinero que supuestamente se desvió a la trama.
Asimismo, ha apuntado que pretenden defender la “dignidad” de las entidades que trabajan día a día en el campo de la cooperación y ha subrayado que en este caso, de las nueve personas a las que se juzga, uno es un empresario -César Augusto Tauroni--, dos son dirigentes de fundaciones que “nunca” han trabajado en este área y el resto han sido parte de la cúpula de la extinta consejería, entre ellos, el propio consejero.
Por ello, ha insistido en reclamar que se haga “justicia ejemplarizante” y ha considerado que este caso puede “hacer daño” a las entidades que trabajan en cooperación porque puede “proyectar una imagen” de que no se trabaja en la lucha contra la pobreza que les puede afectar. No obstante, ha apuntado que los ciudadanos saben distinguir entre una “presunta trama de delincuentes” y aquellos que trabajan diariamente en favor de la cooperación y el desarrollo.
