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La ONU cuestiona a España por el proyecto de legalizar "expulsiones en caliente"

La ONU cuestiona a España por el proyecto de legalizar "expulsiones en caliente"

La ONU cuestiona a España por el proyecto de legalizar "expulsiones en caliente"

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuestionó hoy la anunciada reforma que dará marco legal a las llamadas "expulsiones en caliente" de inmigrantes en las fronteras exteriores de España.

El respeto al principio de no devolución y al derecho a la protección internacional a través del asilo y el refugio figuraron entre las recomendaciones hechas hoy por los Estados miembros que participaron del Examen Periódico Universal (EPU) a España.

El EPU es la evaluación sobre el cumplimiento de todos los derechos humanos que se realiza a los 193 miembros de las Naciones Unidas, a la que España se ha sometido hoy por segunda vez.

Israel, Japón, Suecia, Noruega, Rusia, Uruguay, Austria y Canadá, entre muchos otros, solicitaron a España que reconsidere la inclusión en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional las devoluciones de inmigrantes que están intentando entrar de forma irregular en territorio español.

Los que cuestionaron su inclusión alegan que ello legalizaría una práctica que es contraria el principio de protección internacional, y recordaron que debe respetarse el derecho a la no devolución y el derecho al asilo y al refugio, establecido en la legislación internacional.

Ante estas recomendaciones, el secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, respondió que la propuesta legislativa aún está en trámite parlamentario, que se está discutiendo de forma amplia, y que "se aprobará conforme a las obligaciones internacionales".

Dicho esto, Ybáñez recordó "la singularidad geográfica fronteriza de España" y destacó que las devoluciones se practican teniendo en cuenta "el derecho que nos asiste como miembro soberano de la Unión Europea y nuestro derecho para salvaguardar nuestras fronteras".

La mayoría de los países que se refirieron a las expulsiones también mostraron su preocupación por las alegaciones del excesivo uso de la fuerza de los cuerpos del orden contra los inmigrantes en frontera.

Ybáñez destacó los "asaltos masivos, violentos" a las fronteras españolas que constituyen también un problema de "orden público", y se mostró convencido de que las "actuaciones policiales se llevan a cabo de forma proporcional".

También respecto a los inmigrantes, varios países cuestionaron la reforma del sistema público de sanidad y el hecho que sólo se atienda de forma regular a los extranjeros residentes legales o a los menores de edad.

Esta vez, el encargado de responder fue Rubén Moreno, secretario de Estado de Sanidad, quien recordó que todos los inmigrantes, tanto regulares como irregulares tienen el derecho a ser asistidos en caso de urgencia y hasta su dada de alta.

Otro tema muy destacado por las delegaciones fueron los altos índices de violencia de género, y aunque se alabaron los esfuerzos realizados, solicitaron más compromiso para luchar contra esa lacra social.

Otro asunto suscitado fue el régimen de incomunicación de los detenidos por delitos ligados al terrorismo, aunque Ybáñez lo defendió argumentando que cuenta con todas las garantías.

Por su parte, la gran mayoría de los países latinoamericanos solicitaron a España que adopte la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Inmigrantes y sus Familias.

Argentina, Chile, Panamá, Suiza se refirieron al hecho de que los crímenes del franquismo no se hayan resuelto ni se hayan tenido en cuenta a las víctimas.

India se refirió a las medidas de ajuste y que han afectado gravemente la población más desfavorecida, y que los niveles de pobreza y desigualdad se habían incrementado como causa de ellas.

Por otra parte, Estados Unidos expresó su "preocupación por la corrupción oficial" en España y recomendó al Gobierno que refuerce el sistema tanto para evitar como para perseguir la corrupción.

Venezuela y Ecuador, a su vez, recomendaron a España promocionar acuerdos entre particulares y entidades financieras para evitar los desahucios de personas vulnerables de sus hogares.

En su intervención inicial, Ybáñez anunció que España elaborará y adoptará un plan nacional de derechos humanos, una de las recomendaciones más solicitadas en el EPU anterior.

Este viernes se adoptarán las recomendaciones expresadas por las delegaciones.

España tenía la posibilidad de responder ese día, pero Ybáñez anunció que esperará a analizarlas, y se comprometió a dar su respuesta "antes" a la sesión que al respecto tendrá lugar en la sesión ordinaria del Consejo el próximo junio.

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