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La ONU critica la falta de designación del Defensor del Pueblo paraguayo, dice una diputada
Naciones Unidas criticó la falta de designación de un nuevo Defensor del Pueblo en Paraguay tras ocho años, aseguró hoy la diputada Olga Ferreira, quien participó en la presentación de un informe ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).
La legisladora dijo que “preocupa de manera importante a los miembros de la ONU la desidia en cuanto a la designación de un nuevo representante de la Defensoría del Pueblo”, según un comunicado de la Cámara de Diputados.
El actual Defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, tiene el mandato vencido desde hace más de ocho años.
“Una materia pendiente en Paraguay, muy cuestionada internacionalmente, es lo del Defensor del Pueblo. Fuimos advertidos de una posible sanción. Es un punto negativo ante las Naciones Unidas en lo que se refiere a los derechos humanos”, aseguró Ferreira.
El Senado paraguayo aprobó el pasado jueves abrir un nuevo concurso para convocar a postulantes a dirigir la Defensoría del Pueblo, tras la renuncia de dos de las candidatas al puesto.
La convocatoria para la elección de la terna de candidatos al cargo en el Senado paraguayo durará 30 días y la designación del Defensor del Pueblo y su adjunto deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados.
Páez Monges ocupa el cargo desde 2001, cuando fue creada la Defensoría del Pueblo prevista en la Carta Magna de 1992.
En 2008, cuando fue reelegido, se creó una ley que prorroga sus funciones hasta que el Congreso establezca a quien le sustituirá.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en su reciente visita a Asunción, la primera a Paraguay de un titular de la ONU desde 1959, mencionó la importancia de que el Defensor del Pueblo cumpla con las obligaciones que le exige la Constitución, según dijo a Efe el secretario general de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto.
La Codehupy ha denunciado desde hace tiempo que la institución no es capaz de gestionar y de adjudicar las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
La estatal Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) en 2008 registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos por cuestiones ideológicas durante el régimen de Alfredo Stroessner, la gran mayoría de ellos víctimas de tortura física.
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