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La ONU pide una investigación internacional sobre violaciones de derechos humanos en Cachemira
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, dijo hoy que pedirá al Consejo de ese organismo que cree una comisión internacional que investigue los abusos y crímenes contra la población en Cachemira, tanto en las zonas administradas por India como por Pakistán.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne a partir del lunes y durante tres semanas en Ginebra, para abordar los casos más inquietantes de abusos en el mundo.
En el primer informe elaborado por Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Cachemira y hecho publicó hoy, se lanza un llamamiento urgente a resolver las violaciones pasadas y actuales contra las personas de Cachemira, que lleva siete décadas padeciendo el conflicto latente entra India y Pakistán, que ha ocasionado dos guerras y numerosos conflictos menores.
En las últimas semanas, ambos países se han acusado mutuamente de violar en más de mil ocasiones el alto al fuego en su disputada frontera de Cachemira.
Zeid, mediante una declaración que acompaña al informe, pidió a las fuerzas de seguridad indias que se controlen al máximo en el uso de la fuerza durante las protestas que pueden tener lugar en las próximas semanas, sobre todo después de una serie de “asesinatos y de numerosos heridos” en manifestaciones pasadas.
Según organizaciones civiles locales, hasta 145 civiles fueron asesinados en ese periodo, mientras que grupos armados causaron 20 bajas, indica el informe.
Entre mediados de 2016 y el pasado abril se registraron grandes manifestaciones en los estados indios de Jammu y Chachemira en reacción a la muerte del líder de un grupo armado a manos de las fuerzas de seguridad indias.
“Es esencial que las autoridades indias tomen medidas inmediatas y efectivas para impedir la repetición de numerosos ejemplos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”, señaló Zeid.
El alto comisionado dijo que es inquietante que en India se hayan creado “estructuras que obstruyen la marcha normal de la justicia” y “amenazan el derecho a la reparación de las víctimas” de tales abusos.
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