La ONU presiona a Maduro con la denuncia de 6.800 ejecuciones extrajudiciales

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aumentado este viernes la presión contra el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con la presentación de un informe que denuncia graves crímenes de Estado como la comisión de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha presentado este viernes de manera oficial el informe a los miembros del Consejo, que ha recibido el apoyo de la Unión Europea y buena parte de las naciones latinoamericanas del Grupo de Lima. El texto ha sido condenado, sin embargo, por la propia Venezuela y por Cuba.

“Tal y como demuestra nuestro informe, el Estado de Derecho y varias instituciones esenciales del país han sido profundamente erosionadas, el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes, y también en operaciones de las Fuerzas Especiales”, ha subrayado Bachelet en rueda de prensa.

“La tortura es un grave problema, como trágicamente ha mostrado la muerte del capitán Rafael Acosta hoy hace una semana”, ha añadido la alta comisionada, que se encontraba de visita oficial en Venezuela cuando se produjo la detención arbitraria del militar, fallecido el 29 de junio bajo custodia tras ser torturado.

En su intervención ante el Consejo, la expresidenta chilena ha concluido que “los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios”. Ha denunciado que “el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida pública corre peligro de ser castigado con represalias y represión”.

También ha lamentado “ataques contra oponentes políticos y defensores de los Derechos Humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”.

“La única forma de salir de esta crisis es la unión, y pido al Gobierno de Venezuela que vea a la oposición y los defensores de Derechos Humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación”, ha concluido.

En una concesión al Gobierno venezolano, ha afirmado que las sanciones impuestas sobre Venezuela, principalmente por Estados Unidos, “están exacerbando la situación, dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación de petróleo”.

Venezuela rechaza el informe de Naciones Unidas

El informe, que se ha presentado el mismo día en que Venezuela celebra su fiesta nacional, ha sido criticado de inmediato por la delegación de ese país ante el Consejo, liderada por el viceministro de Asuntos Exteriores William Castillo, que ha criticado un texto “carente de rigor científico y con graves errores metodológicos”.

“Usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país”, ha respondido el diplomático a Bachelet en alusión al viaje que la expresidenta chilena hizo a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio.

Además, el documento “ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo económico está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo”, ha argumentado el viceministro, que ha exigido una “corrección de su contenido”.

Sobre las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y represión violenta a manifestantes, Castillo ha asegurado que “Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas nacionales”.

“Se busca que el Estado permanezca inerme cuando existen graves riesgos para la seguridad nacional, planes de golpe de Estado que proponen un baño de sangre entre la población civil e incluso una intervención militar extranjera con la que nos amenaza el presidente Donald Trump”, ha criticado.

La misma posición ha sido secundada por el Consejo de la delegación de Cuba, cuya portavocía ha afirmado que el régimen de Maduro “es objeto de una campaña mediática sin precedentes que busca desprestigiar la obra social y política del presidente Hugo Chávez y continuada por Maduro”.

En representación de varios países del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú) la embajadora peruana, Silvia Elena Alfaro, ha instado a Maduro a tomar en cuenta las recomendaciones del informe para acabar con una crisis que “está afectando a la estabilidad regional”.

“Llamamos a Venezuela a implementar sin dilaciones las recomendaciones del informe, que incluyen (...) la investigación de violaciones de Derechos Humanos, la rendición de cuentas, la liberación de presos políticos, el fin del uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura”, ha indicado. También ha subrayado que “el orden democrático debe ser restablecido mediante la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes”.