La OSCE admite en su informe del 22M que “no presenciaron el estallido de la violencia” y adjunta dos videos de youtube

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) admite en su informe sobre los incidentes al término de las Marchas de la Dignidad del 22M que sus enviados no presenciaron el estallido de la violencia que se saldó con decenas de heridos aquel día en Madrid (67 de ellos policías) y en el texto facilita la dirección de dos videos de lo sucedido colgados en la red social Youtube.

“Los monitores de la ODIHR (Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos) no presenciaron el estallido de la violencia, pero observó los resultados de la confrontación por los contenedores de basura destruidos y los cientos de piedras que quedan en la zona. Por otra parte, el incidente fue grabado en video por varios participantes en la manifestación y testigos”, explica la OSCE en su informe recogido por Europa Press.

En concreto en el pie de página en el que detalla sus fuentes de información, la OSCE remite a dos videos colgados en la red social de youtube, uno de ellos elaborado por el periodista Juan Ramón Robles para ElDiario.es. En su relato de hechos relata que “alrededor de las 08:30 pm, varias decenas de personas agresivas y encapuchadas (50 personas, según los organizadores) se acercaron a la valla policial instalado en la calle que conduce a la sede de Partido Popular, y comenzaron a atacar lanzando piedras y otros objetos contra las vallas de la Policía”.

“ANTIDISTURBIOS EMPUJARON A LA MULTITUD”

“Aproximadamente 250 policías antidisturbios comenzaron a empujar a la multitud, lo que también afectó a varios cientos de manifestantes pacíficos. Los manifestantes pacíficos volvieron gradualmente para resistir el empuje de la Policía. Varios de ellos lanzaron piedras y utilizaron otros medios para resistir la intervención de la Policía”, narra.

Describe aquel el 22 de marzo de 2014 como “una enorme protesta social contra las medidas de austeridad y alto desempleo” en la que participaron “aproximadamente 50.000” personas. Explica que la Policía estaba presente en la mayor parte del recorrido “como el Banco de España, el Parlamento o la sede del Partido Popular, el partido gobernante de España” y que “los caminos de estos edificios fueron bloqueados por una doble valla” y furgones de la Policía.

Este organismo internacional cita la información facilitada por la Policía para cifrar en “aproximadamente 30” las personas que fueron detenidas “(entre ellos tres menores de edad, según los organizadores)” por “cometer actos de violencia (el uso de la fuerza contra la Policía, participación en un motín, dañar la propiedad pública)”. “Alrededor de 67 policías resultaron heridos. La policía desplegó balas de goma y granadas de humo durante la operación”, zanja la descripción de lo ocurrido en Madrid.

CRÍTICAS A ESPAÑA

Se trata de un extenso documento de 104 folios publicado el pasado 17 de diciembre en el que la OSCE analiza esta y otras manifestaciones que supervisó en distintos países de Europa entre mayo de 2013 y julio de 2014 con el objeto de analizar cómo cumplen los estados sus compromisos con el derecho de manifestación. En ese sentido, el informe incluye varias críticas a España. Se centran en los requisitos de notificación y autorización para llevar a cabo manifestaciones y en los deberes y responsabilidades de los organizadores de las mismas.

Respecto al primer punto, el organismo señala que el hecho de que en España sólo haya que comunicar a las autoridades la intención de manifestarse cuando lo vayan a hacer al menos 20 personas es “una buena práctica”. Sin embargo, recalca la importancia de dejar claro en la ley que si se manifiestan menos de 20 personas, contarán con la misma protección.

Asimismo, considera “positivo” que en circunstancias urgentes o excepcionales no se exija respetar el plazo para la notificación de la manifestación, pero indica que la legislación debería definir de manera explícita cuáles son esas circunstancias porque, en caso contrario, se podrían producir “abusos y una aplicación arbitraria de la ley”.

Especialmente crítica es la OSCE al referirse a los deberes y responsabilidades de los organizadores de las concentraciones. A su juicio, las leyes les imponen “una carga excesiva” que podría tener “consecuencias legales no intencionadas al responsabilizarles de lo que hagan los participantes, incluso aunque ellos no puedan controlar esas acciones”. La OSCE explica que esta situación se da también en Albania, Bulgaria, Grecia y Montenegro.

PIDE PROPORCIONALIDAD EN LAS MULTAS

Además, el informe recuerda que la posibilidad de imputar responsabilidad administrativa o penal al organizador de la marcha por la conducta de otros “va en contra de las normas internacionales”. De hecho, recuerda que son las autoridades las que tienen el deber de garantizar la seguridad. En cuanto a las multas que se pueden imponer a los organizadores que no cumplan su deber, la OSCE dice que “parecen excesivas y pueden tener un efecto disuasorio” sobre ellos. Por eso, insiste en la importancia de que las multas o sanciones respeten el principio de proporcionalidad.

En general, la OSCE lamenta que en muchos de los países incluidos en el estudio se puedan imponer duras sanciones a quienes han organizado concentraciones sin comunicarlo previamente, aunque se desarrollen pacíficamente y no se perturbe el orden público, lo cual “se puede utilizar para limitar el ejercicio del derecho de manifestarse pacíficamente”. “En este contexto, los amplios criterios con los cuales en España se puede identificar a una persona como organizadora de una manifestación es algo especialmente problemático”, apunta.