Ola Bini, el amigo de Assange procesado en Ecuador y sin juicio a la vista

Ola Bini, el informático sueco de 37 años y amigo de Julian Assange, nunca pensó que pasaría del más absoluto anonimato a convertirse en un caso emblemático en Ecuador, donde tres meses después de ser acusado de intromisión en sistemas informáticos y a siete de su detención, aún no tiene juicio ni juez.

“Esta situación es realmente trágica para el sistema de justicia ecuatoriano, que no está funcionando como debería, sino que sirve a poderosos intereses políticos”, sentencia en una entrevista con la Agencia EFE este programador que lleva seis años residiendo en el país andino.

Vestido de negro de los pies a la cabeza, explica que su caso, sin precedentes en el país de acuerdo a su abogado, es el de un extranjero al que han buscado “como chivo expiatorio conveniente” y por el que “el Gobierno deberá rendir cuentas ante el pueblo”.

Detenido el pasado 11 de abril en el aeropuerto de Quito cuando se disponía a viajar a Japón, para estudiar artes marciales, disciplina que sigue practicando y que le ayuda “a lidiar” con su situación desde el punto de vista anímico, Bini pasó 70 días en prisión preventiva sin conocer cuál era su delito.

Su caso, aduce, está plagado de irregularidades que incluyen largas horas bajo arresto sin asistencia letrada, más de medio día sin que el Consulado sueco tuviera conocimiento de ello y el no haber sido informado de los motivos de su detención, quizá -agrega- porque las autoridades no disponían de pruebas del supuesto espionaje cibernético al que apuntaron.

“Nunca me preguntaron nada, ni me comentaron por qué era detenido”, afirma.

El informático arguye que desde el minuto uno, comenzando porque la detención se practicó el mismo día en que Ecuador retiró el asilo al fundador de WikiLeaks en su Embajada de Londres, el Ejecutivo de este país ha buscado trazar un paralelismo entre ambos.

Así, cada vez que comparecía en audiencia, el fiscal dedicaba “cerca de media hora” a hablar de lo que el presidente, Lenín Moreno, había dicho sobre Julian Assange, en lugar de su caso.

“Queda más que claro que se ha buscado trazar una conexión y si ves en el expediente hay mucha información acerca de las veces que le visité en la Embajada”, refiere.

La primera vez que lo hizo fue en 2013 y a lo largo de los años siguió viéndose con el australiano ahora requerido por la Justicia de EEUU, cada vez que, “por motivos de trabajo” se desplazaba a la capital británica o a algún país europeo cercano.

Las autoridades ecuatorianas llegaron a contabilizar al menos 14 visitas en los últimos dos años, cantidad que según Bini es imprecisa puesto que se remontan a 2015, por lo que considera que “el número de veces no es extraño” entre amigos.

Sobre aquellos encuentros, rememora que Assange se mostraba “muy mordaz”, a la vez que “deprimido” y claramente “preocupado” por el devenir, aunque nunca mencionó con él cuestiones peliagudas que pudieran comprometer la seguridad de su amigo sueco.

A día de hoy, Bini sigue compareciendo cada viernes ante sede fiscal en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas tras salir de prisión en junio, incluso durante los últimos disturbios registrados en Quito el mes pasado.

Bini fue acusado a finales de agosto, dos días antes de que concluyera la instrucción fiscal, del delito de “intromisión”, tipificado en el artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, por el “acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones”.

“No tuvimos los 30 días preceptivos constitucionales para preparar la defensa”, censura, como así tampoco una audiencia preparatoria de juicio, que debería haber tenido lugar conforme a la legislación, cinco días después de la instrucción, esto es, a principios de septiembre.

En paralelo, la defensa de Bini presentó una recusación contra la jueza penal de la provincia de Pichincha, Yadira Proaño, por prevaricato al haber tomado una acción supuestamente “arbitraria”, al negarle una medida de caución.

La recusación no fue admitida, sentencia que está bajo apelación, a pesar de que la propia jueza “aseguró en la audiencia que no quería ser la jueza del caso”.

La justicia debía haber designado a un juez temporal y por error fueron nombrados dos y “ambos querían quedarse fuera del caso”, denunció Bini, que debía haber comparecido en otra vista fijada para el 10 de octubre y que nunca tuvo lugar por las manifestaciones que vivió el país, sin que se haya fijado un nuevo plazo.

“Durante mi proceso ha habido más de un centenar de violaciones de mis derechos”, sostiene.

Por ello, su abogado, Carlos Soria, valora que si el proceso no se resuelve en un plazo determinado, acusarán al Gobierno “por negarle justicia a un ciudadano de Suecia en Ecuador”.