Doce detenidos de una red que amañaba contratos municipales en Cataluña y se expandió al resto de España
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción despliegan a esta hora una amplia operación con epicentro en Tarragona contra una trama de adjudicación de contratos por parte de ayuntamientos a una misma empresa en la que se ha detenido a 12 personas y está previsto practicar 48 registros, informaron a eldiario.es fuentes de la investigación.
Los investigadores dieron con la mercantil Efial Consultoria S.L durante las investigaciones del denominado caso del 3%, una trama de comisiones ilegales a Convergencia, surgidas a raíz de una denuncia de ERC en el ayuntamiento tarraconense de Torredembarra. Otras denuncias de concejales impulsaron la investigación a Efial Consultoria, que ha desembocado en la operación Térmyca desarrollada hoy. El operativo incluye cuatro registros en Andorra de los 48 practicados.
Entre los 12 detenidos figuran el empresario Josep Manuel Bassols, exalcalde convergente de Anglès (Girona) y hombre fuerte del partido en la provincia. Fue jefe de campaña del actual president de la Generalitat cuando Carles Puigdemont conquistó la alcaldía de Girona en 2011.
Bassols también fue detenido en otra operación relacionada con el caso del 3% que la Guardia Civil llevó a cabo en octubre del año pasado, en plenas negociaciones sobre la investidura de Artur Mas. Por aquel entonces la esposa del detenido, Núria Bassols, era comisionada de transparencia del Govern. Una vez se formó el ejecutivo de Puigdemont, ERC exigió el cese de Bassols, a quien no se renovó su plaza y volvió a su puesto de magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), informa Oriol Solé Altimira.
La Guardia Civil también ha arrestado este martes al exalcalde convergente de l'Ametlla de Mar (Tarragona), el empresario Andreu Martí. El actual alcalde, Jordi Gaseni (ERC) ha explicado en Catalunya Ràdio que el ayuntamiento lleva meses realizando una auditoría de los contratos de Efial con el anterior consistorio cuyos resultados darán a conocer a finales de mes. Otro de los detenidos es el abogado Xavier Xifrà, también imputado en la pieza del 3% que investiga el juez de El Vendrell.
Las pesquisas han permitido descubrir la creación por la red de una figura instrumental de entidades públicas y empresariales de carácter local que, en realidad, no tenía actividad, pero que servía para desviar fondos públicos municipales que acababan en Efial. Entre los detenidos también está el presidente de la compañía, Toni Martos.
Aunque al principio de la mañana la operación se había saldado con once detenciones, a lo largo del día se amplío el número a una más, un empresario de Cataluña, según fuentes próximas al caso consultadas por Efe.
'Modus operandi'
Los investigadores han descubierto un entramado financiero consistente en que Efial fue absorvida por otra firma, Control de Gestión de Ingresos (CGI), “creando un entramado similar a la primera que hizo que la actividad delictiva se extendiera fuera de Cataluña”, informa la Fiscalía Anticorrupción. Tanto con Efial como con CGI, los protagonistas de la trama crearon en los ayuntamientos una estructura paralela para evitar la supervisión del secretario e interventor municipales.
Gran parte de las ganancias eran derivadas a Andorra, según sospechan los investigadores. Además de ayuntamientos de Tarragona, también se investigan otros de Madrid, Castellón, Huelva y Baleares. La investigación está supervisada por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).
En concreto, el Juzgado ha autorizado el registro de los consistorios de Tortosa, Ascó, Vandellós y L'Ametlla de Mar -todos ellos en Tarragona-, así como de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón -en Madrid- y Trillo, en Guadalajara.
Los requerimientos serán enviados a los ayuntamientos catalanes de Barcelona, Girona, Cambrills, La Seo d'Urgell, Calonge, Linars del Vallés y Masquefa; a los madrileños de Collado Villalba, Getafe y Velilla de San Antonio; al granadino de Armilla; al onubense de Palos de la Frontera; y a los de Islas Baleares de Alaior y Soller. El resto de registros se centran en domicilios, despachos profesionales y sociedades mercantiles.
Según las citadas fuentes, Anticorrupción y la Guardia Civil han solicitado a la Oficina Antifraude catalana diversos expedientes relacionados con la investigación.
En la operación se investigan delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de in fluencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude a las administraciones e infidelidad en la custodia de documentos.
