La Operación Nazarí, que supuso la detención del alcalde de Granada y el cambio de gobierno local, cumple hoy un año

Fue precisamente el 13 de abril del año pasado cuando los granadinos amanecieron con la noticia de la detención del regidor en el marco de esta operación contra la corrupción urbanística materializada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que incluyó registros desde primera hora de la mañana en el Ayuntamiento, la sede de Urbanismo, varias empresas y domicilios, entre ellos el de Torres Hurtado.

El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada y en él están investigadas un total de 17 personas por su presunta implicación en una trama de corrupción en la ciudad que giraría en torno a ochos grandes expedientes urbanísticos.

Tras prestar declaración ante la Policía y quedar en libertad con cargos, al igual que el resto de los detenidos durante la jornada, Torres Hurtado improvisó esa misma tarde una rueda de prensa en la que defendió su “honradez” y descartó dimitir garantizando que no había corrupción en su gestión.

Casi de forma paralela, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP lanzó un comunicado en el que informaba de su decisión de suspenderle cautelarmente de militancia, pidiéndole la dirección nacional del partido que diera un paso atrás antes de su comparecencia pública. Sin embargo, fuentes de 'Génova' señalaron entonces que el regidor se había negado a marcharse.

Finalmente, cinco días después de su arresto y ante una fuerte presión de los distintos partidos, incluido el suyo, Torres Hurtado e Isabel Nieto presentaron su dimisión, lo que coincidió con el principio de acuerdo que PSOE y Ciudadanos habían cerrado en un hotel de la capital para desalojar al PP de la Alcaldía.

DEL NAZARÍ AL CASO SERRALLO

El análisis de la documentación urbanística y la hallada en los registros ha dado lugar a informes policiales en los que se alude a la existencia de una trama en el Ayuntamiento de Granada que actuaría como una “verdadera organización criminal”.

En “la cúspide” de la trama sitúa la Policía a Torres Hurtado, alegando que “estaría al tanto de todo lo acontecido en el urbanismo de Granada confiando en sus dos más estrechos colaboradores”, en relación a la exedil de Urbanismo y el también investigado Manuel Lorente, que fue director de Obras Municipales.

La Policía sitúa por debajo de Torres Hurtado, Lorente y Nieto a “los diferentes funcionarios que participarían en la trama” y cuya actuación era “totalmente necesaria”.

Recientemente han declarado en la causa como testigos cuatro técnicos municipales que participaron en algunos de los expedientes urbanísticos que se están investigado, asegurando que señalaron “deficiencias” y llegaron a hacer informes desfavorables que no se tomaron en cuenta o incluso fueron “obviados”, como alegó alguno de ellos.

Los informes realizados por la UDEF en el Caso Nazarí han propiciado que el exalcalde de Granada sea también investigado en el conocido como Caso Serrallo, que también instruye el Juzgado de Instrucción 2 de Granada y en el que también está implicada la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, varios funcionarios y al menos un promotor.

En esta causa se investiga la construcción supuestamente irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.

Torres Hurtado prestó declaración el pasado 27 de marzo tras ser citado a declarar como investigado en este caso y defendió ante la magistrada la legalidad de su gestión, subrayando que en su etapa de gobierno tenía las competencias urbanísticas delegadas.

También aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación que le esperaban a las puertas de los juzgados para lamentar que su partido, del que sigue suspendido de militancia, no haya tenido “la caballerosidad” de defender “por lo menos” su presunción de inocencia en todo este tiempo.