Oposición aboga por mediadores externos para superar la crisis en Nicaragua

El partido opositor nicaragüense Ciudadanos por la Libertad (CxL) abogó hoy por la inclusión de mediadores internacionales en el diálogo nacional que se encuentra suspendido desde julio, para poner fin a la crisis sociopolítica que vive el país y que ha dejado cientos de muertos y detenidos desde abril de 2018.

“Lo que Nicaragua necesita son esos mediadores internacionales que puedan venir (a) ayudarnos a que se restablezca un diálogo nacional, que es la salida cívica que todos esperamos para salir de la grave crisis política que envuelve a Nicaragua”, dijo en rueda de prensa la presidenta del CxL, Kitty Monterrey.

El diálogo nacional para superar la crisis, que comenzó a mediados de mayo de 2018, fue suspendido de forma indefinida en julio pasado, después de que grupos oficialistas atacaron a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha descalificado a los obispos y los ha acusado de formar parte de “las fuerzas golpistas” y de “sumarme alegremente al golpe terrorista y criminal” que, a su juicio, intentó derrocarlo durante las protestas iniciadas en abril pasado.

“Dejaron de ser mediadores y pasaron a ser parte activa de las fuerzas golpistas”, señaló el mandatario nicaragüense en diciembre pasado.

Por otro lado, la opositora Monterrey anunció que tienen previsto reunirse esta semana con una delegación del Parlamento Europeo que visitará Nicaragua.

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, consideró una “buena noticia” el que las autoridades nicaragüenses hayan concedido permiso para entrar en el país a una delegación del Parlamento Europeo que viaja a Managua este miércoles.

Borrell anunció que están contemplando aplicar “sanciones” contra el Gobierno de Ortega, pero también acciones de “apoyo para que se puedan celebrar elecciones en Nicaragua”.

Las próximas elecciones generales están previstas para noviembre de 2021.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.