Orbán lanza una intensa campaña contra Bruselas, los refugiados, las ONG y Soros

“¡Paremos a Bruselas!”. Con este lema el Gobierno del primer ministro húngaro, el conservador Viktor Orbán, ha lanzado una “consulta popular” en búsqueda de apoyo a su política contra refugiados y ONG, en un momento en el que también arremete contra el magnate George Soros.

El cuestionario de seis preguntas enviado a los hogares magiares y calificado por los analistas como mera “campaña política” insinúa que hay un riesgo para el país en las actividades de las ONG y vincula la llegada de refugiados con el terrorismo.

“No es nada más que una campaña política”, explica a Efe Attila Juhász, director del Instituto Political Capital.

La consulta en sí no es vinculante, las respuestas son analizadas por el Gobierno y ninguna organización independiente hace un recuento o revisión de los resultados.

“En los últimos tiempos, en Europa los actos terroristas se sucedieron. Pese a ello Bruselas quiere obligar a Hungría a que deje entrar a inmigrantes ilegales”, reza el documento antes de plantear la pregunta de cómo debe actuar el país frente a ello.

Y solo hay dos respuestas posibles: o recluir “bajo custodia” a los solicitantes de asilo para el bien de “la seguridad de la gente húngara”, o permitir su libre movimiento en el país.

Evidentemente, el Gobierno espera que los ciudadanos se decidan por la primera opción, en apoyo a una polémica ley que prevé la detención automática de los refugiados durante todo el periodo que dura el trámite de su solicitud de asilo.

Esa normativa entró recientemente en vigor pese a recibir fuertes críticas, entre otros de la ONU y diferentes ONG, que aseguran que es contraria a las leyes comunitarias.

En cuanto al papel de las ONG, en el texto se destaca que muchas de ellas reciben dinero del extranjero, “funcionan en el país de una manera no transparente”, interfieren en asuntos internos e incluso “ponen en peligro la independencia del país”.

Tras este planteamiento, se puede elegir entre controlarlas más, o permitir que “sigan ejerciendo sus actividades arriesgadas”.

Las demás preguntas del cuestionario, que se puede responder hasta el 20 de mayo próximo, se refieren a otros temas como los precios de la energía, la política fiscal y el empleo.

El momento de la consulta coincide con las polémicas desatadas a raíz de dos proyecto de ley: uno pretende “regular” las actividades de las ONG que reciben dinero del extranjero, y el otro está a todas luces dirigido contra la Universidad Centroeuropea (CEU) fundada por el magnate estadounidense de origen húngaro George Soros.

La prensa local publicó hoy un borrador del primero, en el que se obligaría a las ONG que reciben dinero de otros países a registrarse como “organizaciones financiadas desde el extranjero”.

“Es la copia de la misma ley que existe en Rusia”, asegura Juhász, y recuerda que su objetivo es el de estigmatizar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) como nuevos enemigos, pues muchas de ellas llevan criticando las políticas de Orbán desde que éste llegó al poder en 2010, y sobre todo las normas que limitan la democracia del país centroeuropeo.

“Desde 2010 el Gobierno desmantela todo lo que sirve para controlar su poder”, subraya el analista.

Mientras esta planeada normativa aún no se ha presentado en el Parlamento, sí está desde hoy en la Cámara el proyecto de una nueva ley sobre las universidades, llamada por la prensa local “lex CEU” porque de aprobarse podría significar el fin de la independencia académica e incluso del funcionamiento de esa universidad.

Para Juhász, está claro que detrás de esa iniciativa hay un intento de deteriorar la imagen de Soros, conocido por sus posturas liberales.

“Todo se debe a Soros, todo lo que es negativo”, resume el observador político la táctica de Orbán de “fabricar un enemigo” en la persona del magnate, presidente de la fundación Open Society, que financia iniciativas de la sociedad civil, sobre todo en Europa central y del este.

La CEU es la única universidad del país que no cumple con los requisitos de la ley que será votada mañana, después de que el Fidesz haya pedido su debate urgente pese a la fuerte ola de protestas dentro y fuera del país que ha generado.

“Si tiene (el Gobierno) bastante fuerza, llevará los tres temas hasta el final, pero en el caso de la CEU podría chocar con una resistencia que les frenaría”, opina Juhász.

Sea como fuera, dentro de un año habrá elecciones generales en Hungría y aunque los sondeos vaticinan que el Fidesz no tendrá problemas en volver a ganar, el Gobierno se ha lanzado ya a movilizar a sus votantes.

Marcelo Nagy