Ordenan la libertad para el asesino de una estudiante brasileña en Nicaragua

Los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenaron la libertad del exmilitar Pierson Gutiérrez Solís, quien había sido condenado a 15 años de prisión por asesinar a la estudiante brasileña Rayneia Gabrielle Lima, en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde hace más de un año.

En la resolución notificada este martes a la defensa y a la Fiscalía por las magistradas Ángela Dávila y Rosa Argentina Solís y el magistrado Octavio Rotschuch, ordenan la libertad del antiguo militar de 42 años y experto en uso de armas y artes marciales, sobre la base de polémica Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio pasado.

“Ordénese el archivo de la presente causa penal, donde el Ministerio Público acusó a Pierson Adán Gutiérrez Solís por los delitos de homicidio y portación ilegal de armas de fuego”, señala la resolución de los magistrados de apelaciones, divulgada por la prensa local.

Los jueces también cancelaron sus antecedentes penales que por ese caso tenía el exmilitar que, durante el juicio, confesó el delito.

El pasado 28 de noviembre, uno de los jueces de Managua Abelardo Alvir Ramos condenó a Gutiérrez Solís a 14 años de cárcel por el delito de homicidio y a 1 por portación y uso ilegal de armas de fuego.

Durante el juicio, realizado a puertas cerradas, Gutiérrez dijo que realizó varios disparos contra la estudiante brasileña porque supuestamente conducía de forma errática.

La brasileña, de 30 años y estudiante de sexto año de medicina en la privada Universidad Americana (UAM), fue herida mientras manejaba su vehículo cerca de una de las residencias del tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, de acuerdo con las investigaciones.

El crimen ocurrió hace un año cerca de una universidad estatal que días atrás había sido atacada con armas de guerra por policías y civiles armados afines al Gobierno, con el objetivo de expulsar a estudiantes que permanecían atrincherados en el campus, como parte de las protestas generalizadas contra el presidente Daniel Ortega.

La Ley de Amnistía es rechazada por la oposición nicaragüense bajo el argumento de que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno y porque está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales se trató de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes “de lesa humanidad” en medio de la crisis.