La juez cree que Oriol Pujol cobró 700.000 euros en comisiones a través de su mujer

La jueza que investiga la trama de las ITV sospecha que el exdiputado de CDC Oriol Pujol cobró, a través de su mujer, Anna Vidal, cerca de 700.000 euros en comisiones entre los años 2005 y 2012 por utilizar su influencia política para beneficiar proyectos de un empresario amigo, entre ellos deslocalizaciones.

Así lo sostiene la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Sílvia Pérez Mejía, en el auto en que acuerda acumular en la misma causa la trama de las ITV -que vuelve a estar en sus manos al dejar Oriol Pujol de ser aforado- y la investigación por los pagos recibidos por Anna Vidal por su asesoramiento en varias operaciones de reconversión industrial.

La juez ha decidido unir ambas investigaciones al entender que arrojan indicios de un mismo delito de cohecho que el exdiputado de CDC -también imputado por tráfico de influencias en la trama de las ITV- habría cometido al cobrar supuestamente comisiones a través de su esposa por “servicios prestados en atención a sus influencias políticas”.

La magistrada, que basa sus sospechas en informes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, cree que la esposa de Pujol enmascaró el pago de comisiones mediante las facturas que giró a las empresas de Sergi Alsina, amigo del exdiputado convergente, por “servicios no prestados realmente”.

Entre los años 2005 y 2012, Anna Vidal facturó 699.752 euros a la empresa Alta Partnerts de Sergi Alsina por sus servicios de asesoramiento en seis proyectos empresariales, en algunos de los cuales la juez cree intervino Oriol Pujol para beneficiar los intereses de su amigo, dado que existen correos electrónicos entre ambos que sustentan esas sospechas.

El auto detalla los proyectos por los que Anna Vidal facturó a la sociedad de Alsina: la operación de reconversión industrial de Sharp, la deslocalización de Yamaha, la venta de Sony a Ficosa, dos planes de ubicaciones industriales en el sector de la automoción, la implantación de una planta de biogás en el Montsià (Tarragona) y el análisis del sector de centros deportivos.

En el proceso de reconversión de Sharp, que entre los años 2010 y 2012 decidió cerrar su planta de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), la empresa contrató el asesoramiento de Alta Partners y le pagó 3,2 millones, de los que Anna Vidal recibió 236.000 por trabajos que, según la juez, son “apenas ocho hojas manuscritas con apuntes (...), noticias de prensa e informes de empresas recogidos por internet”.

Por la deslocalización de Yamaha por parte del Grupo Sesé, Alta Partners facturó 6,5 millones y, añade el auto, existen “conversaciones telefónicas entre Sergi Alsina y Oriol Pujol que evidencian la intervención de éste en el éxito de la operación”.

Por la venta de Sony a Ficosa, Alta Partners se embolsó 3,7 millones, mientras que en el desarrollo de dos proyectos de ubicaciones industriales en el sector de la automoción -vinculado a proveedores de Seat- cobró un importe fijo de 5.000 euros mensuales.

Anna Vidal cobró de Alta Partnerts 15 facturas por un volumen total de 88.500 euros por su “colaboración profesional” en este proyecto, según la juez, que destaca que “existen conversaciones telefónicas que evidencian la intervención de Oriol Pujol en el éxito de la operación”.

Otro de los proyectos por los que Anna Vidal cobró 55.790 euros entre los años 2010 y 2011 fue el “análisis de la viabilidad de un proyecto de implantación de una planta de biogás en la comarca del Montsià”, pese a que, recalca la magistrada, la esposa de Pujol no entregó “un informe mínimamente fundado que justifique las facturas”.

La investigación ha constatado también que la esposa de Oriol Pujol facturó entre 2010 y 2011 un total de 62.209 euros a Alta Partners por un análisis en profundidad del sector del fitness y de los centros deportivos en España y en Cataluña.

La juez ve indicios de que las facturas giradas por Anna Vidal contra Sergi Alsina “son elaboradas como medio 'ad hoc' para justificar los ingresos que Alta Partners efectúa a las cuentas bancarias de las sociedades de Anna Vidal por servicios no prestados realmente”.

También cree la magistrada que Oriol Pujol “tenía perfecto conocimiento de que Sergi Alsina estaba remunerando a su mujer por servicios prestados en realidad por él mismo en atención a sus influencias políticas”.

La magistrada ha acordado asimismo abrir una pieza separada para investigar las sociedades compartidas por Oriol Pujol y Anna Vidal, así como las relaciones inmobiliarias entre ésta y Sergi Alsina en unas promociones en las que invirtió, al entender que pueden constituir un delito contra la Hacienda Pública.