PDECat y PNV llevan esta semana al Congreso la derogación de la reforma del TC que permitiría encausar a Forcadell

El debate tendrá lugar apenas una semana después de que el Alto Tribunal paralizara el acuerdo del Parlament que abre la vía a convocar un referéndum sobre la independencia en septiembre de 2017. En su resolución el TC advierte a Forcadell, y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de las posibles consecuencias de desobedecer su decisión.

En la exposición de motivos de su proposición de ley, que recoge Europa Press, el grupo parlamentario que lidera Francesc Homs, plantea que esta reforma, es “prácticamente una reforma encubierta de la Constitución”.

REFORMA CONSTITUCIONAL ENCUBIERTA

En este sentido, subraya que la norma da al TC potestad de suspender de sus funciones y “durante el tiempo que haga falta”, a cargos “elegidos democráticamente” por los ciudadanos, lo que puede alcanzar también al presidente del Gobierno central-- cuando la Carta Magna sólo contempla el cese del jefe del Ejecutivo tras la celebración de elecciones Generales, por pérdida de confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento del presidente.

“Se cede al Tribunal Constitucional, unas potestades de una carga política impresionante, lo cual resulta inadmisible, más aún cuando la politización de la institución Tribunal Constitucional es tan notable”, recalcan desde el PDECat.

En Comú Podem también registró la semana pasada una proposición de ley para derogar la reforma exprés de 2015, por lo que no ha dado tiempo a incluirla en el orden de día para que se debata junto con la del PDECat y los nacionalistas vascos.

Y ACABAR CON EL RECURSO PREVIO TAMBIÉN

Además de finiquitar esta ley aprobada en solitario por el PP, el PNV quiere que tenga el mismo destino la que permitió la recuperación de del recurso previo de inconstitucionalidad contra los Estatutos de Autonomía, aprobada también en 2015, pero ésta sí con el aval también el PSOE.

Para los nacionalistas vascos, esta norma “acarrea riesgos” para la “estabilidad” del sistema porque “supera con creces el carácter jurisdiccional del control constitucional a posteriori que fue atribuido en el texto constitucional”. Y, lo que considera aún más grave, “permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo”.