El PE aprueba el registro de propietarios finales y más medidas contra el blanqueo

El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy la revisión de la directiva europea contra el lavado de dinero que introduce nuevas normas contra el blanqueo, como un registro de propietarios finales de las empresas para impedir que se escondan tras estructuras opacas.

La Eurocámara aprobó con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones la quinta directiva contra el lavado de dinero, que había sido pactada entre los diputados y el Consejo (los países) en diciembre de 2017 y ahora solo debe recibir el visto bueno final de los Estados miembros para su entrada en vigor, prevista para 2020.

“Estas nuevas reglas aportarán más transparencia para mejorar la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la Unión Europea”, dijo en un comunicado la Comisión Europea (CE), que recordó que la revisión se propuso en 2016 a raíz del escándalo de los papeles de Panamá y de los atentados terroristas en París y Bruselas.

Bajo las nuevas reglas se creará un registro público de los propietarios reales de las empresas con el fin de evitar la opacidad que ofrecen las “empresas buzón” -con dirección postal en un país pero no actividad real en el mismo- que permite a sus beneficiarios reales esconder fondos o evadir.

La información será accesible a todo el mundo salvo en los fideicomisos, donde los datos estarán solo disponibles para personas con un “interés legítimo”, como periodistas y ONG.

Las nuevas normas obligarán también a las plataformas de negociación de criptodivisas y a los proveedores de servicios de monederos electrónicos a aplicar controles y verificar la identidad de los clientes.

Estas plataformas y proveedores, las empresas de cambio de divisas, las oficinas de cobro de cheques y los proveedores de servicios fiduciarios deberán registrarse.

En el caso de las tarjetas prepago, el importe a partir del cual sus titulares deberán estar identificados se rebaja desde los 250 euros actuales a 150 euros.

Para una de las ponentes de la propuesta, la eurodiputada ecologista Judith Sargetini, la directiva “sacará a la luz a quienes se esconden detrás de empresas y fideicomisos y contribuirán a un sistema financiero más limpio”.

Los grupos popular, liberal, socialista y ecologista, que suponen la mayoría de la Eurocámara, se felicitaron por la aprobación.

“Los delincuentes utilizan el anonimato para blanquear los frutos de su actividad criminal o para financiar el terrorismo. Con esta normativa respondemos a la amenaza”, dijo el eurodiputado popular Drisjanis Karnis, ponente del texto.

No obstante, la CE recalcó que para que las normas sean efectivas tiene que darse una “adecuada implementación” por las autoridades nacionales.

El Ejecutivo comunitario tiene abiertos procedimientos de infracción relativos a la directiva a la mayoría de Estados miembros por no haberla introducido completamente en su legislación o no haberlo notificado como es debido.

Es el caso de España, que se encuentra en la segunda etapa del proceso -si no cumple, Bruselas podría llevarla ante la justicia- por no haber transpuesto la norma, pero también de Bélgica, Bulgaria, Estonia, Grecia, Hungría, Chipre, Luxemburgo, Lituania, Malta, Holanda, Portugal, Finlandia, Irlanda, Letonia y Eslovaquia.

Está previsto que las nuevas normas entren en vigor en 2020.