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PEN alerta que la corrupción en México puede tener repercusiones imprevistas

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PEN alerta que la corrupción en México puede tener repercusiones imprevistas

PEN alerta que la corrupción en México puede tener repercusiones imprevistas

El presidente del PEN Club Internacional, el canadiense John Ralston Saul, advirtió hoy de que si México no "arregla" sus problemas de corrupción y violencia, estos se extenderán a más países de la región con "repercusiones que no imaginamos".

"La gente se está empezando a acostumbrar a la idea de que la democracia no funciona y el voto no produce políticas honestas y leyes justas", dijo en una entrevista con Efe el presidente de esta asociación que lucha por la libertad de expresión de los escritores.

La historia nos enseña que si un Estado acumula una década sin arreglar un problema "serio" -en relación con "áreas básicas como la seguridad pública y la libertad de expresión"-, "cualquier cosa puede pasar", como una explosión de más violencia, una revolución o una caída de la economía, señaló.

Según el ensayista canadiense, la tarea de los periodistas se ve afectada por una "trinidad" compuesta por la corrupción, la violencia y la impunidad, retroalimentadas entre ellas y que provocan que los profesionales no puedan trabajar con "la confianza" de que no van a ser asesinados ni van a arruinar sus vidas.

Uno de las trabas fundamentales es que "ninguno de los gobiernos mexicanos se ha dirigido a los problemas fundamentales, como la corrupción masiva y hacer que el sistema legal funcione": "No han mostrado la voluntad política de castigar a las personas corruptas de auténtico poder", afirmó.

El PEN viene de celebrar el fin de semana pasado su Cumbre de las Américas en la Ciudad de México, en la que miembros de las diferentes regiones del continente establecieron que "la crisis de impunidad tiene que acabar".

En una rueda de prensa celebrada hoy en la capital, representantes de la asociación en Honduras, Argentina y Brasil, entre otros, subrayaron que la represión de la libertad de expresión no solo se ejerce a través de métodos de violencia física o criminal, sino de otros mecanismos más "sofisticados".

La presidenta del PEN Nicaragua, Gioconda Belli, ejemplificó que en su país se vive un "oligopolio" en el que el Gobierno acapara los medios de comunicación, hay una "autocensura general" y se dificulta el trabajo de los periodistas de la oposición.

Como resultado de esta "falta de transparencia" del Gobierno, los ciudadanos "no saben nada", concluyó.

Aunque los periodistas "juegan un papel fundamental en el corazón de la libertad de expresión", Ralston apuntó que se atenta igual contra este derecho tanto si hablamos de "un periodista asesinado en Veracruz como de los 43 estudiantes de Ayotzinapa".

Respecto a casos como el de los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre pasado en Iguala a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado, dijo que los altos niveles deberían asumir la responsabilidad que tienen, "directa o indirectamente".

"La principal responsabilidad de cualquier cargo electo es defender a los ciudadanos, no a la institución, y el jefe del Gobierno es el protector de la ciudadanía, no de los ejércitos ni la policía", recordó.

Según la investigación oficial, los 43 jóvenes fueron detenidos por policías locales y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron e incineraron en un basurero al creer que se trataba de miembros del grupo rival Los Rojos.

Estos días, el PEN ha desarrollado charlas con diferentes autoridades mexicanas, entre las que se encuentran el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; el titular de Exteriores, José Antonio Meade; el presidente del Senado, Miguel Barbosa, el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.

En ellas, la agrupación expresó sus dos preocupaciones principales: la "casi total impunidad" en los asesinatos de periodistas -el 90 % quedan sin castigo- y que la "confianza en el sistema legal" solo llegará cuando haya un conjunto contundente de investigaciones, arrestos, juicios y encarcelamientos.

Como respuesta, el PEN y la CNDH acordaron trabajar en conjunto para "descriminalizar la difamación" en doce estados, mientras Mancera se comprometió a "dar protección" a los periodistas que trabajen informando sobre las manifestaciones desarrolladas en la ciudad.

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