PP y CiU pactan combatir el fraude e irregularidades de contratos públicos

PP y CiU han pactado una resolución en el Congreso en la que se defienden cambios legales para combatir la lucha contra el fraude y evitar irregularidades en los contratos del sector público.

El acuerdo ha sido posible después de que CiU haya aceptado una enmienda del PP en la votación de las propuestas de resolución de los grupos que ha tenido lugar hoy en el Congreso, con la que se ha puesto fin al debate del estado de la nación.

El texto destaca el compromiso de poner en marcha las medidas de regeneración democrática propuestas por el Gobierno y que están en vías de aprobación en las Cortes.

Se habla de seguir dotando a la administración de Justicia de recursos económicos y personas necesarios para seguir persiguiendo las causas sobre corrupción.

También de avanzar en la lucha contra el fraude promoviendo cambios legislativos para reforzar la prevención y sanción del fraude a la Hacienda y a la Seguridad Social y evitar “posibles ineficiencias e irregularidades” en la normativa de contratos del sector público.

Mejorar la regulación del decomiso de bienes derivados del delito y poner en funcionamiento la oficina de gestión y recuperación de activos es otra de las medidas incluidas, así como reforzar la oficina presupuestaria de las Cortes para que haya un mejor control de las partidas aprobadas y de su ejecución.

La resolución recoge además el impulso de las reformas en la normativa electoral que “favorezcan una mejor conexión entre los cargos electos y los ciudadanos”, sin dar más detalles de cómo conseguirlo.

Se hace referencia también en la necesidad de avanzar en la regulación de los grupos de presión (“lobby”) en el marco de los trabajos que se están llevando a cabo en el Parlamento.

PP y CiU están de acuerdo en garantizar “la necesaria transparencia en el ejercicio legítimo del derecho que los representantes de la sociedad civil tienen de acceder a las instituciones con el objetivo de trasladar sus intereses, recabar información, defender su actuación o solicitar cambios en la normativa que les afecta, especificando los límites de estas actividades”.

El último punto habla de poner en marcha, una vez aprobada, de la nueva norma sobre la iniciativa legislativa popular que mejora la participación de los promotores de este tipo de instrumentos legislativos.

El portavoz adjunto de CiU, Pere Macías, se ha felicitado de que “la apuesta de las instituciones catalanas por la regeneración” se traslade al resto del Estado porque “Cataluña tiene mucho que enseñar” en materia de transparencia.