PP, PSOE y C's rechazan que el CGPJ inste al Gobierno a buscar una solución política al conflicto catalán

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado con los votos del Grupo Popular y Socialista la propuesta de la antigua Convergència, ahora rebautizada como Partit Demòcrata Europeu Català (PDCat), de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pida al Gobierno que busque una solución estrictamente “política” para las demandas independentistas.

Se trata de una de las más de 120 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios a la Memoria del órgano de gobierno de los jueces correspondiente a 2014, y que se ha sometido este miércoles a votación en la Cámara baja.

En su propuesta, apoyada por Unidos Podemos, los independentistas de la antigua Convergència planteaban que el CGPJ emplazara al Ejecutivo “a buscar una solución política” a las demandas de Cataluña y, le reclamaban que pusiera fin a la judicialización del conflicto catalán en pro de la separación de poderes.

LENGUAS COOFICIALES

Sin embargo el Pleno ha dado luz verde a la propuesta de En Comú con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del popular de instar al órgano de gobierno de jueces a que se tomen las medidas necesarias para normalizar el uso de las lenguas propias cooficiales de cada comunidad en la Administración de Justicia.

Se trata de una reivindicación compartida también por el Grupo Parlamentario Vasco-EAJ-PNV' si bien la propuesta que ha incluido este grupo a favor de la elaboración de un informe acerca del conocimiento de otras lenguas cooficiales distintas al castellano no ha prosperado en la votación del Pleno.

Entre las prioridades del grupo parlamentario se encuentran fomentar el empleo de lenguas cooficiales distintas al castellano tal y como ha expuesto en su turno de palabra el diputado del PNV Mikel Legarda, que ha propuesto que el derecho a lengua oficial propia en la Administración de Justicia se establezca como un requisito.

El Pleno también se ha pronunciado en contra de la propuesta del grupo parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) en la que se instaba a que se hiciera efectivo de forma “inmediata” el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración de Justicia en lenguas que no sean el castellano.

“Pensamos que es un tema de creerse o no que la Justicia es un servicio público y solicitamos que se cumpla la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias y puedan ser usadas con normalidad las lenguas propias”, ha defendido durante su turno de palabra la diputada de ERC Ester Capella i Farré.