PP y PSOE acusan a Cs de “despreciar” a los funcionarios y “manchar” la Administración con su moción sobre los 'dedazos'

El portavoz de Economía de Cs, Toni Roldán, ha denunciado la “colonización brutal” y la “ultrapolitización” de las instituciones públicas por parte del PSOE a través del nombramiento de altos cargos de la Administración y directivos de empresas públicas.

Según ha precisado, en los tres meses que lleva en el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ha “colocado” en la Administración Pública “al 44% de los miembros” de la Ejecutiva socialista y ha nombrado a “más de 500 enchufados”. Ha mencionado expresamente a José Félix Tezanos, “el sociólogo de cabecera” del PSOE, como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y a José Vicente Berlanga (del PSPV) como presidente de la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), pese a que “no tiene la menor idea de cómo se gestiona” esta compañía.

COLOCAR A “AMIGOS” QUE NO DENUNCIAN LA CORRUPCIÓN

Roldán ha señalado que situar a “amigos” al frente de organismos reguladores tiene como consecuencia “unos índices de corrupción enormes”, porque al estar “enchufados”, probablemente cuando detecten una irregularidad “se callarán y mirarán hacia otro lado”. Además, ha lamentado que la promoción de los funcionarios tenga que depender “de la voluntad del partidito político” que gobierne.

En su moción consecuencia de interpelación --que dará lugar a una proposición de ley--, la formación naranja propone, entre otras cosas, aprobar un nuevo Estatuto de la Dirección Pública, generalizar los nombramientos mediante un concurso público de méritos, incluso para los directivos públicos, someter a estos cargos a una evaluación continúa y vincular parte de su sueldo al cumplimiento de determinados objetivos.

EL PSOE DEFIENDE LOS NOMBRAMIENTOS DEL GOBIERNO

Pero la intervención de Roldán ha recibido duras críticas de los demás grupos parlamentarios, empezando por el PSOE, cuya diputada María Jesús Serrano le ha afeado el haber nombrado a personas concretas, cayendo en la “ofensa personal”, y le ha acusado de “hacer demagogia” y mezclar cuestiones distintas en un “batiburrillo”.

“No manipulemos ni tergiversemos, ni manchemos a la Administración Pública y la democracia”, ha pedido a Ciudadanos, antes de subrayar que los nombramientos que ha hecho el Gobierno por el procedimiento de libre designación no se han decidido de manera “arbitraria” y siempre “se ajustan a la absoluta legalidad”.

También la diputada del PP Susana López ha arremetido contra el partido de Albert Rivera acusándolo de “despreciar” y “faltar al respeto” a los empleados públicos, que trabajan con “imparcialidad y profesionalidad”. Aun así, la representante 'popular' ha dicho estar de acuerdo en que hay que desarrollar la figura del directivo público profesional y reducir el personal eventual.

DEMAGOGIA

Por su parte, el diputado de En Comú Podem Joan Mena ha afirmado que la moción de Ciudadanos busca “debilitar la función pública” y que pretende emprender reformas en este ámbito sin contar con los sindicatos y “saltándose todas las competencias autonómicas”. Asimismo, ha denunciado la “demagogia” y el “cinismo” de Cs por no querer “fiscalizar al máximo funcionario”, el Rey Felipe VI, mientras apuesta por “precarizar y criminalizar” a los empleados públicos.

El planteamiento de Ciudadanos ha sido igualmente censurado por los nacionalistas vascos y por los independentistas catalanes. Por el PNV, Mikel Legarda ha lamentado el lenguaje “totalmente despectivo” de Roldán y ha rebatido algunas de las premisas de Cs. A su juicio, “no cabe hablar de enchufados”, y utilizar ese término es “injusto” y supone un “desprestigio” para los funcionarios de carrera designados como altos cargos.

Por último, Joan Margall (ERC) se ha referido también a la “demagogia” de la formación naranja que “busca el titular y la crítica fácil al Gobierno” y ha defendido el nombramiento de cargos políticos de confianza en la Administración Pública, mientras que Sergi Miquel (PDeCAT) ha dicho a Cs que en Cataluña la competencia sobre los trabajadores públicos corresponde a la Generalitat.