PP y PSOE acercan posturas para reducir significativamente la multa por hacer botellón en la Ley de Seguridad Ciudadana

PP y PSOE han acercado este martes posturas para llegar a un acuerdo y reducir significativamente las multas derivadas de beber en la calle (hacer 'botellón') contenidas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Las negociaciones giran en torno a retirar esta infracción del capítulo de 'faltas graves' (multadas con hasta 30.000 euros) y situarla en las 'faltas leves' (sancionadas con 600 euros). Esta era una de las propuestas que realizaba el PSOE en las enmiendas presentadas al texto.

Actualmente esta sanción está recogida en el artículo 36, relativo a las infracciones graves, y penaliza “el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”.

Las fuentes consultadas precisan que, si bien el acuerdo aún no está cerrado, las conversaciones iniciadas durante la primera reunión de la ponencia entre ambas formaciones van por buen camino y podría sellarse definitivamente el próximo martes, fecha en la que tendrá lugar la segunda reunión de los grupos parlamentarios antes de llevar la Ley a la Comisión de Interior.

ESCALAR MONUMENTOS

Otro de los aspectos en los que podría haber acuerdo es el de la retirada de las sanciones por “la práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o bienes”. Actualmente estas multas vienen recogidas en el apartado de faltas leves y el Grupo Parlamentario Izquierda Plural, pidió su retirada.

El PP también estaría dispuesto considerar las sanciones a las actividades conocidas como 'parkour' (escalar y hacer acrobacias y saltos en espacios urbanos) que en el redactado de la ley se recoge como “el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización”, multado con hasta 600 euros.

Una opción que se baraja sería modificar la redacción del proyecto para que sea sancionable sólo en el caso de que no haya autorización o que estas actividades puedan generar daños a los bienes públicos.