El PP dice al PSOE que limitar el tiempo de instrucción de causas penales no ha generado “impunidad”

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha subrayado este martes ante el PSOE que la reforma que hizo en 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para limitar a seis meses las instrucciones de las causas penales no generan ninguna “impunidad”, tal y como han afirmado los socialistas, que han llevado al Pleno la posibilidad de reclamar a la propia cámara baja que no mantenga paralizada la derogación del artículo que establece este plazo.

“¿Qué causas de impunidad ha habido, dígame uno, por favor?, ha preguntado el diputado 'popular' Avelino de Barrionuevo al PSOE. Ha continuado diciendo que con los tiempos fijados en el artículo 324 de la LECrim ”no existe riesgo alguno“ de que se genere esa ”impunidad“, pues lo que se está limitando, según ha dicho, es el tiempo de duración para las instrucciones y ”no la investigación“.

En este sentido, ha recordado que dicho artículo prevé la posibilidad de que los fiscales soliciten prórrogas y se declare la causa penal como compleja. Asimismo, ha destacado que la reforma legislativa que se llevó a cabo en 2015 buscaba “adaptar” una legislación con origen en el siglo XIX “a nuestro entorno”, así como “evitar la pena de banquillo”.

Se trató de “dar cumplimento a un mandato constitucional” que dice que los ciudadanos tienen derecho a tener “proceso público sin dilaciones indebidas”, ha añadido, al mismo tiempo que ha destacado que gracias a esta reforma “300.000 asuntos pendientes, que estaban durmiendo el sueño de los justos en los armarios de los juzgados, se han tramitado”.

No obstante, el resto de grupos parlamentarios han reprochado al PP la vigencia de este artículo que se aprobó gracias a la mayoría absoluta de los 'populares' en aquellas fechas. Así lo ha defendido el socialista Pedro José Muñoz durante su intervención, que ha afirmado que la reforma fue una “barbaridad” porque se hizo en busca de la “exoneración de responsabilidad de los políticos que habían cometido delitos de corrupción”.

PRESCRIPCIÓN DE INVESTIGACIONES

Muñoz ha explicado que la proposición no de ley que ha presentado el PSOE, y que este martes se ha debatido, tiene la intención de instar a la Mesa de la Cámara para que “deje de prorrogar los plazos de enmiendas” y “dejen de pasar los meses” porque están “prescribiendo investigaciones que atañen a la corrupción política”. Con ello se refería a que esta iniciativa se encuentra paralizada desde mayo de 2017 cuando fue tomada en consideración.

Precisamente este punto ha sido criticado por Ciudadanos, que ha resaltado que las proposiciones no de ley tienen una “función de orientación” al Gobierno o a una Administración Pública con funciones ejecutivas. “Lo curioso es que el Congreso se inste a sí mismo. Es algo bastante excéntrico”, ha dicho el vicepresidente de la cámara baja y portavoz de Justicia de la formación 'naranja', Ignacio Prendes.

No obstante, Prendes ha reconocido que su partido está de acuerdo con el fondo del asunto que expone el PSOE porque, a su juicio, el artículo 324 de la LECrim no es una “herramienta útil”, ya que pone “más obstáculos” a los jueces y fiscales. En este sentido, ha llamado a tener en cuentas las iniciativas de Ciudadanos que buscan “atacar de forma decidida la corrupción” y dotar de medios para poder realizar efectivamente las investigaciones.

Si bien este aspecto ha sido afeado por Unidos Podemos que considera que el partido de Albert Rivera sólo quiere “perseguir la corrupción” si se hace con la reforma que ellos proponen porque es “una ley mejor y más bonita”. “Vamos a tramitar esa, y ésta que es más sencilla, que es derogar un artículo, que se quede en el cajón. Van y se lo explican ustedes a los juzgados y tribunales que están soportando estos conflictos”, ha ironizado el diputado de la formación 'morada' Eduardo Santos.

Según ha dicho Santos, la reforma que se hizo en 2015 en busca de “agilización” de los procedimientos tiene “una doble vara de medir”, pues para ciertos “tipos de ilegalidades” se han quitado “armas al Ministerio Fiscal y juzgados para perseguir” los delitos de corrupción, en alusión a los 'populares' que se han visto inmersos en causas por este tipo de delitos.

FALSOS SOBRESEIMIENTOS Y ACUSACIONES POCO FUNDADAS

En cuanto al PNV, Compromís y los partidos catalanes ERC y PDeCAT se han mostrado partidarios de poder tramitar de una vez la derogación de este artículo. Ha sido el peneuvista Mikel Legarda el que ha indicado que los plazos de instrucción han provocado “falsos sobreseimientos, acusaciones poco fundadas” y no poder “practicar diligencias fuera de plazo porque serían invalidadas”.

Además, ha dicho que es una “incongruencia” que los fiscales controlen los tiempos de la investigación porque “desapoderan” a los jueces instructores y ha agregado la importancia de incrementar los medios humanos y materiales para no alargar los procedimientos.