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El PP pide un impago de parte de la deuda del tranvía de Parla por incluir "irregularidades"

El Consorcio de Transportes señaló que la ampliación de las obras por valor de 36 millones de euros no siguió los "procedimientos adecuados"

Los conservadores consideran que el Ayuntamiento no debe pagar esa cantidad ni los intereses del sobrecoste que produjo

También señalan que el consistorio pagó 42 millones de euros que "no se han descontado" del precio final

Tomás Gómez junto a José María Fraile en 2011 / EFE

Tomás Gómez junto a José María Fraile en 2011 / EFE

Nueva ofensiva del PP contra Tomás Gómez a cuenta del tranvía de Parla. Los conservadores han exigido la convocatoria de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la localidad madrileña para que se "anulen los sobrecostes del tranvía por ser lesivos" para los ciudadanos y las partes vuelvan a sentarse para renegociar la deuda.

Lo que pretenden es que los 36 millones de euros de ampliación del proyecto y los intereses que produjo no se paguen. Sería por tanto una deuda ilegítima. De esta manera, los 256 millones de euros que costará a las arcas públicas el tranvía quedarían reducidos a 187 millones.

El PP considera probado que el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, aprobó un sobrecoste de las obras "al margen" de la ley. El Consorcio de Transportes señaló en 2007 que el consistorio que entonces dirigía Gómez y la empresa adjudicataria habían omitido parte del procedimiento y no habían informado al organismo regional como era "obligación". "Se han realizado numerosas modificaciones del proyecto por parte del Ayuntamiento de Parla sin seguir los procedimientos adecuados", rezaba una carta enviada al concejal de Urbanismo, Wilfredo Jurado.

En ese texto oficial se basa el PP de la localidad para establecer que la ampliación del presupuesto constituye una irregularidad en las cuentas finales y propone que no se paguen esos 36 millones ni los intereses que han provocado. Según los conservadores, esa decisión "infló" la deuda desde los 187 millones de euros hasta los 256. La propuesta tendrá que someterse a la votación en el pleno que la alcaldesa, Beatriz Arceredillo, tiene la obligación de convocar en un plazo de quince días.

El portavoz del PSOE, Pablo Sánchez, explica que "las afirmaciones del PP coinciden con asuntos que están judicializados". "No entiendo que en un Pleno se tenga que decidir algo así si ya está judicializado", apunta el futuro candidato a la alcaldía. Sánchez insiste en que todas las decisiones relativas al tranvía han pasado el visto bueno del Consorcio de Transportes: "Las modificaciones están justificadas".

¿Dónde están los 42 millones?

Otro de los argumentos del PP es que el exalcalde José María Fraile, que se vio obligado a dimitir tras su detención en el marco de la Operación Púnica, "asumió el coste" de la ampliación a través de una "carta extraoficial" enviada a la empresa adjudicataria el 1 de junio de 2011, cuando era primer edil en funciones ya que no había sido investido aún tras las elecciones. En aquella ocasión, el PSOE perdió la mayoría absoluta por 22 papeletas y, según fuentes del PP, no tenía garantizada la investidura. La Junta de Gobierno Local no aprobó el plan de inversiones definitivo hasta julio de 2013.

"Es verdad que envió una carta a la empresa que puede estar en duda, pero no implica el reconocimiento de la deuda ni es un plan de pagos", señala el portavoz socialista. "El plan de pagos definitivo fue el que se aprobó en la Junta de Gobierno a propuesta de Tranvía de Parla (la empresa adjudicataria)", añade.

El PP sostiene, además, que "no se han descontado" de la deuda que tiene el Ayuntamiento por ese proyecto los 42 millones de euros que se pagaron a la empresa adjudicataria cuando Tomás Gómez estaba al frente del gobierno local "a través de los beneficios urbanísiticos de Parla Este".

La Cámara de Cuentas denunció en un informe que el consistorio "no ha aportado documentación justificativa alguna de las correspondientes transferencias bancarias" de ese pago. De ese escrito partió una querella de la Fiscalía que se investiga en el juzgado número 5 de Parla, cuya titular ha solicitado un informe a la UDEF para investigar si los hechos son constitutivos de un delito de malversación y prevaricación.

El PSOE atribuye a un "error" del organismo fiscalizador ese desfase de 42 millones de euros y asegura que los números administrativos que maneja el consistorio sí los refleja. Por otro lado, la empresa adjudicataria asegura en un escrito remitido al juez que instruye una denuncia interpuesta por el PP en la vía contencioso-administrativa por el sobrecoste del tranvía que los 42 millones de euros son al margen del calendario de pagos establecido -que suponen 256 millones de euros a pagar hasta 2037-. "El coste se iría entonces a los 300 millones de euros", sentencian los conservadores, que aseguran que deben descontarse del precio final.

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