Cuando el PP de Rajoy tomaba decisiones con sus gobiernos incluso en funciones
Un mes después de las elecciones generales de 2015 nadie sabía a ciencia cierta quién acabaría convirtiéndose en presidente del Gobierno. Rajoy seguía al frente de La Moncloa en funciones y sin posibilidades legales de adoptar grandes decisiones. La Ley del Gobierno aclara expresamente en su artículo 21 que un gobierno en funciones “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos”, absteniéndose de cualquier otra acción que no esté justificada “por razones de urgencia”.
Un Gobierno está en funciones una vez que se celebran los comicios. Hasta ese momento goza de plenas capacidades para sacar adelante los proyectos. A pesar de ello, el Partido Popular intenta limitar al máximo las funciones, hasta el punto de que ha llegado a plantear, sin éxito, que el Ejecutivo de Sánchez no dé ruedas de prensa los viernes tras la reunión del Consejo de Ministros.
No es, desde luego, la filosofía que aplicó el PP cuando estuvo en el Gobierno, ni de su último presidente, Mariano Rajoy, que ha tomado decisiones muy relevantes incluso cuando su gabinete ya estaba en funciones.
El 26 de enero de 2016, el Gobierno de Rajoy prorrogó durante 60 años la concesión que permite a ENCE -una fábrica cuya ubicación cuestiona el Ayuntamiento de Pontevedra, colectivos ecologistas y numerosas plataformas sociales- producir pasta de papel a orillas de la ría de Pontevedra. La decisión no comportaba criterio de urgencia alguno, ya que la empresa todavía disponía de permiso para operar hasta 2018. Rajoy tomó su decisión cuatro días después de decirle al rey que renunciaba a ser propuesto como candidato a la investidura y dejando en manos de Pedro Sánchez todo el peso para buscar una presidencia que al final no llegó.
La concesión de la prórroga acabaría por reportarle al expresidente del Gobierno el título de “persona non grata” en el ayuntamiento de Pontevedra, su ciudad de origen. El acuerdo de rechazo fue adoptado por el pleno del ayuntamiento de esa ciudad, gobernado por el Bloque Nacionalista Galego. ENCE reaccionaría a los pocos días: la compañía regó de dinero a la mayoría de los diarios nacionales y gallegos con la publicación de un anuncio a toda página en el que reivindicaban la importancia de su actividad empresarial para el empleo de la zona.
El problema de ENCE es histórico para los habitantes de Pontevedra. En junio de 1958 Franco concedió a la empresa el permiso para transformar madera en pasta de papel a orillas de la ría. En 2002 la empresa admitió haber cometido un delito medioambiental continuado y aceptó el pago de más de 400.000 euros a los colectivos en defensa de la ría, a cambio de evitar una sentencia contra los directivos de la compañía.
Colectivos en defensa del medio ambiente y multitud de vecinos de Pontevedra llevan décadas quejándose por el olor a podrido que desprende la fábrica y que se adueña de la ciudad cuando la dirección del viento es la adecuada.
Las grandes diferencias
La gran diferencia entre el equipo que adoptó aquella decisión y el que ahora lidera Pedro Sánchez es que el actual Gobierno no está en funciones. Hasta el 28 de abril, el ejecutivo del PSOE tiene plena capacidad para adoptar cuantos acuerdos considere necesarios.
Partido Popular y Ciudadanos han emprendido, sin embargo, una campaña contra Moncloa a quien acusan de perseguir intereses electorales con los decretos sociales (regulación del alquiler, permisos de paternidad, subsidio para parados de más de 52 años...) que el Ejecutivo ha ido aprobando en sus últimas reuniones y que deberán ser refrendados en el Congreso de los Diputados antes de la cita con las urnas.
Ambas formaciones han denunciado ante la Junta Electoral Central (JEC) lo que consideran un uso partidista de la acción del Gobierno. Está previsto que este lunes, la JEC tome una decisión, tras haber considerado las alegaciones presentadas por el Gobierno frente a la denuncia de las dos formaciones conservadoras.
Ningún Gobierno hasta la fecha ha eliminado las ruedas de prensa posteriores a la celebración del Consejo de Ministros, ni siquiera en periodo electoral. El ejecutivo actual ha decidido reaccionar y extremar la cautela en este tipo de contactos con la prensa, negándose ahora a responder preguntas que soliciten cualquier valoración política que pudiera ser entendida como una toma de ventaja sobre sus adversarios de cara a los próximos comicios.
El PP se agarra en sus quejas al argumento de que sus gobiernos nunca aprobaron decretos de calado político con el Congreso ya disuelto. La afirmación es cierta en parte. En el último periodo electoral, Rajoy solo aprobó un decreto urgente con las cámaras ya disueltas. Aquel decreto carecía de peso político y su objeto era paliar los efectos que las inundaciones habían generado esos meses en Canarias. Pero no todo son decretos. El ejemplo de la prórroga de ENCE supone la puesta en marcha de una decisión, estando en funciones y generando efectos durante los 60 años siguientes.
El Partido Popular de Pablo Casado incluso ha pedido a la Junta Electoral que prohíba al Gobierno la publicación de tuits, publicitando las decisiones adoptadas. Cuando el PP gobernaba, sus ruedas de prensa nunca evitaron la comunicación de buenas noticias. Antes de la reforma de la Ley Electoral, que prohibió las campañas de publicidad institucional en campaña, era frecuente ver a ministros inaugurando obras a las puertas de las elecciones. Como caso paradigmático está el que protagonizó el entonces ministro del PP, Francisco Álvarez Cascos, a cuatro días de las elecciones generales del año 2000: inauguró parte de las obras del AVE a Alicante. Faltaban apenas unos días para las elecciones que ganaría José María Aznar con mayoría absoluta.
Durante los gobierno de Rajoy y Zapatero también se han producido anuncios importantes desde la mesa del Consejo de Ministros, a escasas fechas de las elecciones. El 18 de diciembre de 2015, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, compareció para anunciar el desembolso de 800 millones de euros para apoyar la innovación empresarial. La número dos del Ejecutivo calificó aquel plan como “un importante paquete de inversiones”. La víspera de la jornada de reflexión.
