El PP se mantiene en la apertura de juicio oral para echar a un político y no la con imputación como pactó con C's

El PP mantendrá en sus Estatutos que el umbral para echar a un político afectado por delitos de corrupción sea la apertura de juicio oral, y no la investigación o la imputación como figura en el acuerdo de investidura que firmó con Ciudadanos (C's) a finales de agosto.

“Seguimos pensando que, por el principio de presunción de inocencia, el momento de apertura de juicio oral es el momento en el cuál debemos transformar el expediente informativo en disciplinario y tomar medidas”, ha declarado el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo en la presentación de la ponencia Política y de Estatutos que se debatirá en el XVIII Congreso Nacional del PP que se celebrará en febrero.

El dirigente que ha recalcado que eso es “perfectamente compatible con los pactos que se han podido hacer en los ámbitos gubernamentales”. “Pero nuestro ideario lo hacemos nosotros y no nos lo hacen desde fuera. Esto es lo mejor (mantener el límite en la apertura de juicio oral, porque garantiza el principio de presunción de inocencia”, ha enfatizado.

El fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá hace un mes reabrió el debate sobre en qué momento procesal debe asumirse la responsabilidad política. El PP se mantiene en su tesis de que se debe echar a un político cuando se abre juicio oral.

Eso si, el PP hará excepciones y tomará medidas antes en caso de “flagrantes delitos” cuando se haya producido “alarma social” “Algún caso sonado hay y lo podrán colocar estrictamente ahí. Hay algún caso granado”, ha dicho, en alusión al exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Francisco Granados, en prisión por el 'caso Púnica'.

DECLARACIÓN DE IDONEIDAD

De hecho, Martínez-Maillo ha reconocido que una de las cosas que “más daño ha hecho al PP ha sido la corrupción y ha añadido que tienen que hacer ”un esfuerzo“ aunque ya han hecho ”muchas cosas“ desde el Gobierno esta legislatura. Aunque ha dicho que este problema afecta a todos los partidos, ha recalcado que ”el PP quiere estar a la altura de lo que piden los ciudadanos“.

En esa línea, ha avanzado que en los Estatutos del PP las personas que quieran formar parte de las listas electorales tendrán que presentar una declaración de idoneidad, con un “resumen de la declaración de IRPF y una declaración de bienes y actividades”. Esos documentos deberán ser renovados anualmente.

Además, el PP se creará la 'Oficina del Cargo Popular', un órgano autónomo integrado por entre tres y cinco personas que no serán cargos públicos del PP. “Queremos poner el acento, no en cuando echar a alguien del partido, sino en cómo evitar que se comentan irregularidades”, ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que esa oficina incorpora “un canal de denuncias” para remitirlas al órgano correspondiente y ha agregado que actuará como “órgano de prevención”. Maillo ha dicho que el objetivo es evitar que pase un posible delito y si pasa, ser “los primeros en denunciarlo”.

El responsable de Organización ha admitido que el PP ya cuenta en sus órganos con el Comité de Derechos y Garantías, por lo que los servicios jurídicos del partido están estudiando con detalle las funciones y competencias que tendrá cada uno.