El PP defiende su reforma para dar “fuerza” al TC ante el desafío catalán y acusa al PSOE de dar “bandazos”

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Carlos Rojas, ha defendido este martes en el Pleno la reforma que su partido introdujo en 2015 en la ley del Tribunal Constitucional para dar “fuerza” a la institución frente al desafío separatista, cuyo contenido pretende derogar la oposición, y ha acusado al PSOE de dar “bandazos”.

El Pleno del Congreso ha debatido esta tarde sendas proposiciones de ley del PNV y de la antigua Convergència --hoy el Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat)-- para acabar con esa reforma que abría la puerta a multar e incluso suspender a cargos públicos que no cumplan las sentencias del alto tribunal.

En el debate, Rojas ha querido dejar claro que aquella reforma buscaba lanzar el mensaje a quienes quieren “corromper” la ley de que no existe impunidad y ha agregado que el que la cumple nada tiene que temer.

El diputado del PP ha respondido así a los partidos de la oposición que han denunciado que la reforma de la normativa aprobada en solitario por el PP el pasado año se hizo “a medida” para frenar la deriva soberanista catalana convirtiendo al alto tribunal en su “brazo ejecutor”.

EL PP, SORPRENDIDO CON EL PSOE

Al respecto, Rojas ha afirmado que la regulación de supuestos de incumplimientos es clara y que se trata de “dar fuerza” al TC para que pueda contar con medidas cautelares, que no punitivas, permitiendo suspender temporalmente de sus funciones a las autoridades que incumplan sus sentencias.

El representante del PP se ha mostrado “sorprendido” por la postura del PSOE, que va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley del PNV, y ha acusado a los socialistas de estar totalmente equivocados y de dar bandazos. A su juicio, si el Partido Socialista “vuelve a caer en los complejos que lo han convulsionado” se dará un paso atrás.

El socialista Gergorio Cámara ha replicado que el PSOE no va en contra del PP sino que buscan recuperar el equilibrio que el partido de Mariano Rajoy “rompió con la mayoría absoluta” cuando quiso exhibir fuerza atribuyendo al TC responsabilidades que no le son propias.

UN PODER EXCESIVO PARA EL TC

La portavoz de Justicia de la antigua Convergència, Lourdes Ciuró, ha defendido su proposición alegando que el PP, con su reforma, hizo un Poder Judicial “a medida” para bloquear el Poder Legislativo de Cataluña convirtiendo al TC en un órgano ejecutor de sus propias sentencias.

“Le ha otorgado al TC un exceso de poder que le permite poner multas coercitivas y encomendar al Gobierno la ejecución de sus sentencias. Ahí es nada. Las críticas a esta reforma han sido prácticamente unánimes tanto por razones de forma como de fondo”, ha argumentado.

La diputada de ERC Ester Capella, ha denunciado por su parte que no van a tolerar a los que intentan darles lecciones los cuáles han hecho que el alto tribunal pase de ser el máximo intérprete de la Constitución a un órgano “totalmente politizado” presidido por un miltiante del PP al servicio del Ejecutivo español en contra de la autonomía de los catalanes y de su derecho a decidir.

EL TC, UN “ÁRBITRO DEL DESACUERDO POLÍTICO”

La iniciativa del PNV, que admite la posibilidad de imponer multas a los cargos públicos que no atiendan los requerimientos del TC, ha sido defendida por Mikel Legarda, quien ha denunciado que se ha convertido al Constitucional en una tercera cámara legislativa; en un “árbitro del desacuerdo político”.

Legarda ha denunciado que con la reforma del 2015 el TC quedó “atado” a las estrategias del Ejecutivo en un “caso de libro” que muestra la instrumentalización del órgano jurisdiccional dejándolo sin espacio y “condenándolo a su práctica inhabilitación”.

También se ha mostrado crítico el portavoz del grupo de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, quien ha afeado al PP que con la normativa tramitada por el procedimiento de urgencia y en lectura única en el Congreso, se trató a las comunidades autónomas como si fueran “menores de edad”.

Al respecto ha dicho que los que se hacen llamar constitucionalistas son una brigada controlada que está “demoliendo” la Carta Magna para obligarla a entrar en una idea cada vez más estrecha de España. “Solo se les ocurre fortalecer el garrote, impedir que se vote y tratar a las comunidades como menores de edad”, ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha replicado que los primeros interesados en conocer las facultades del TC son aquellos que pretenden desacatarlo. “¿De dónde creen que emanan los poderes del Estado?”, ha preguntado el diputado quien esta misma mañana ha anunciado que la formación naranja votará en contra de las iniciativas llevadas al Pleno.

La reforma del TC permite al tribunal la imposición de multas de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan sus resoluciones y la suspensión de sus funciones de las autoridades o funcionarios que de la Administración responsable del incumplimiento. Esa suspensión puede prolongarse durante el tiempo necesario para asegurar la observancia de pronunciamientos.