El PP extenderá a sus empleados el control interno del Comité de Derechos

El Partido Popular extenderá a sus empleados el control interno que ejercen los Comités de Derechos y Garantías, según la ponencia con los nuevos estatutos que aprobarán los 'populares' en su congreso nacional del mes de febrero.

En esta ponencia, que el partido ha publicado en su web, el PP endurece de manera generalizada los controles internos para evitar conductas reprochables y casos de corrupción, y se dota de un nuevo órgano, la Oficina del Cargo Popular, que supervisará a sus cargos públicos, aunque sigue siendo el Comité de Derechos y Garantías el encargado de instruir y resolver los procedimientos disciplinarios.

Según se subraya en la ponencia política y de estatutos, “en el ejercicio de sus funciones de supervisión del cumplimiento normativo”, los comités de derechos y garantías “extenderán sus competencias” a los empleados del PP y “cualquier persona incluida en el ámbito de aplicación de las normas de cumplimiento”, aunque no tengan la condición de afiliados del partido.

Los comités de derechos y garantías seguirán siendo de cualquier modo los órganos encargados de resolver las cuestiones disciplinarias y, en su caso, de suspender de militancia o expulsar del partido a los afiliados que incurran en faltas graves o muy graves.

Precisamente, los nuevos estatutos aumentan el número de supuestos muy graves que pueden conllevar la suspensión o la expulsión.

Así, tras los supuestos ya vigentes de corrupción en el ejercicio del cargo, condena por un delito “incompatible” con los “deberes éticos”, la “manifiesta deslealtad” al partido o la desobediencia, se incluyen otros como el de falsear u omitir los datos de la llamada “declaración de idoneidad” que todo cargo del PP debe firmar o no denunciar casos de corrupción que se conozcan.

También se considerará a partir de febrero falta muy grave no colaborar en las investigaciones internas que se abran, presentar denuncias falsas y amenazar o coaccionar a quien lleve a cabo una investigación interna.

En los casos de corrupción, el partido abrirá un expediente informativo en el mismo momento en el que se tenga conocimiento de una investigación judicial a un afiliado.

Y los estatutos no cambian en lo referente a cuándo actuar sobre sus implicados en casos de corrupción: el expediente será disciplinario cuando se abra juicio oral y su resolución cuando se dicte sentencia.

Eso sí, el PP ha decidido añadir un supuesto, el de casos de “delito flagrante de corrupción” que puedan provocar alarma social, para poder decidir la suspensión de funciones o militancia de un cargo del partido aunque no haya imputación ni apertura de juicio ni condena de por medio.

Con estas y otras medidas el PP extiende así su régimen disciplinario, como también amplía el control interno en sus fases previas.

La denominada declaración de idoneidad, una nueva figura en los estatutos que se van a aprobar, es en realidad muy parecida a la carta de compromisos ahora vigente que tiene que firmar todo cargo público del partido, aunque se añaden algunas condiciones más.

Así, en los estatutos nuevos ya se obliga, con carácter previo a la aceptación del cargo, a presentar ante la oficina del cargo la declaración de actividades económicas y de bienes, aunque más detallado que antes, pues se requiere un resumen de la declaración de IRPF y de patrimonio.

La declaración de idoneidad también recoge además la obligación de una “declaración responsable” en la que el nuevo cargo plasme su compromiso de reunir “honorabilidad” y “debida formación y experiencia” para el puesto, y debe demostrar que no hay ninguna causa que impida la citada honorabilidad requerida.

La nueva Oficina del Cargo Popular, como ya anunció en su momento el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, será la encargada de supervisar todos los trámites de los afiliados para acceder a un cargo público u orgánico, y de aprobar su resumen de declaraciones de IRPF y patrimonio.

Este órgano también se encargará de conservar toda la documentación del cargo público y de velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades.