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El PP suma un nuevo imputado en Púnica: el alcalde de Puebla de Lillo

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El Partido Popular sigue sumando imputados en casos de corrupción. El juez Eloy Velasco, que instruye el sumario Púnica, una trama de corrupción con más de medio centenar de imputados en distintas administraciones por amañar contratos, ha citado en calidad de investigado al alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez. Se trata de la rama del caso que indaga en los contratos de instituciones leonesas, en la que ya fue imputado el expresidente de la Diputación, Marcos Martínez, dimitido por este caso.

El regidor de Puebla de Lillo, a la vez diputado provincial, ocupó el puesto de jefe de gabinete del presidente provincial y el juez Velasco lo relaciona con pagos que la diputación realizó a uno de los conseguidores de la red, el empresario valenciano Alejandro de Pedro Llorca, para trabajos de mejora de reputación en Internet. Velasco vuelve a apoyarse sobre un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que relaciona al regidor leonés con la gestión de pagos a las firmas de De Pedro para publicitar en una red de diarios digitales primero a la presidenta de la diputación leonesa, Isabel Carrasco, y después de que esta fuese asesinada, a su sucesor Marcos Martínez.

En el sumario constan cargos por 105.000 euros en dos años a la institución provincial por trabajos publicitarios para los líderes políticos que se camuflaban como servicios a la institución.

Además de los pagos que la diputación realizaba directamente, De Pedro también cobró a través de empresas públicas vinculadas a la institución. La firma Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de León recibió el encargo, según la Guardia Civil, de que abonase 6.000 euros a las sociedades de De Pedro. Una testigo confesó que el regidor de Puebla de Lillo intermedió para llevar a cabo estos pagos. A Pedro Vicente Sánchez se le investiga por los delitos de fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.

La misma fórmula ya fue utilizada en Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Ignacio Gonzalez, cuando fue la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid la que se encargó de abonar facturas a De Pedro por trabajos propagandísticos a favor de distintos dirigentes del PP regional.

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