PP prohibirá burka y pedirá 5 años de empadronamiento para servicios sociales

El candidato del PP al Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha avisado de que no permitirá una “Barcelonistán o un gueto islámico” y prohibirá el burka y el niqab en la vía pública, además de que exigirá cinco años de empadronamiento para acceder a determinados servicios sociales o alquiler de vivienda protegida, y diez si es para compra.

En una visita al barrio barcelonés del Raval, uno de los barrios de la ciudad con mayor presencia de población inmigrante, el alcaldable popular ha desgranado su programa en este ámbito, en el que, a su juicio, el alcalde Xavier Trias (CiU) ha tenido una actitud “tímida”.

“La actitud del Ayuntamiento es fundamental para que el Raval no esté más cerca de ser un gueto islámico o haya partes que parezca que estemos en Barcelonistán. Barcelona debe ser acogedora, pero exigente. Los inmigrantes deben tener derechos y obligaciones. Deben cumplir la ley y respetar la ciudad que les acoge”, ha señalado.

Por ello, ha dejado claro que su partido quiere prohibir el burka y el niqab en la vía pública y por ello instará a la Generalitat a aprobar una ley contra el burka o el velo integral en las calles.

Para Fernández, el burka representa la “esclavitud”, “sumisión” y “vejación” de la mujer, algo “contrario al sistema de valores y costumbres de nuestra sociedad, pero también por ”seguridad“.

Asimismo, para evitar que “un inmigrante, al día siguiente de empadronarse, pueda acceder a determinados servicios no básicos, como terapias o ortopedias”, su partido elaborará un reglamento que establezca los criterios de acceso a “ayudas económicas complementarias” y los plazos de residencia.

Así, se requerirían cinco años de empadronamiento en Barcelona para el acceso a servicios sociales complementarios como ortopedia, actividades extraescolares, terapias respiratorias a domicilio, tratamiento con productos dietoterapéuticos complejos, adquisición de equipamientos para vivienda o ayudas a dietas especiales.

También cinco años mínimos para acceder a una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler y de diez años para la compra; y cinco años mínimos para acceder a programas municipales de inserción laboral.

El PPC promoverá el “certificado de convivencia” como herramienta para “conocer a las personas inmigrantes con voluntad de integración y aprender nuestra cultura, leyes y tradiciones”, y creará una tasa para la emisión de informes de arraigo y reagrupamiento.