El PP aparca las propuestas sobre el TC y promete consenso para fijar criterios objetivos en la elección del CGPJ

Mantiene su “compromiso” con las diputaciones provinciales y se compromete a aprobar una Ley de Función Pública

El PP promete promover un acuerdo con los partidos para garantizar “la independencia” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y buscar criterios “objetivos” en la elección de sus miembros. Además, plantea presentar un nuevo Código Penal Procesal que agilice los tiempos de la Justicia; fomentar un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales; reformas procesales en materia de desahucios para lograr mayor seguridad jurídica; e incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios.

Así se recoge en el programa que el PP presentará a las elecciones generales del 20 de diciembre y que este domingo ha sido presentado en Madrid por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la secretaria general de los 'populares', María Dolores de Cospedal, y la vicesecetaria de Estudios y Programas del partido, Andrea Levy.

Sin embargo, el PP no ha incluido en este capítulo medidas relativas al Tribunal Constitucional como sí hizo en 2011, entre ellas cambiar el procedimiento de elección de los magistrados del TC y que no se llegó a cumplir esta legislatura. En las filas del PP apuntan a la conveniencia de no entrar en este asunto en un momento en que este tribunal tiene un papel clave ante el desafío secesionista abierto en Cataluña.

PROPUESTAS DE JUSTICIA

En materia de Justicia, el PP considera que es una “obligación democrática” que la Administración de Justicia actúe con “agilidad y eficacia” para que “ningún derecho quede menoscabado”. Entre sus propuestas figuran:

- Una Estrategia Nacional de Justicia, que cuente con todos los actores (Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Administraciones y fuerzas políticas) para “promover una Justicia acorde a la realidad del siglo XXI”, con “mayor agilidad” e instensificando el uso de las nuevas tecnologías. Con ese objetivo, plantea la constitución de una mesa con la participación de todos los actores implicados.

- Modernizar las leyes procesales basadas en actuaciones en papel, incluyendo nuevos procedimientos electrónicos.

- Presentar un nuevo Código Penal Procesal que agilice los tiempos de la Justicia, refuerce las garantías procesales y que esté adaptado a las nuevas realidades sociales. Fortalecer la figura del Ministerio Fiscal, “ampliando su papel en el proceso”.

- Potenciar el uso de fiscalías especializas, y potenciar el arbitraje y la mediación.

- Aproximar la justicia al ciudadano aprovechando las nuevas tecnologías y potenciando iniciativas como la de 'justicia 24 horas' o la sede judicial electrónica.

- Fomentar un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales, atendiendo a sus necesidades. En este punto, plantea incorporar medidas de reparación específicas para las víctimas menores de edad; aprobar un protocolo para la orientación sobre la forma de examinar, interrogar u obtener testimonio de un niño inmerso en un proceso judicial; impulsar las 'salas amigables'.

- Plan para mejorar la distribución de las cargas de trabajo transformando unidades judiciales y creando otras nuevas donde sea necesario.

- Implantar oficinas de atención a las víctimas y la comisión de seguimiento del Estatuto de la Víctima.

- Diseño de un nuevo modelo de Registro Civil, que seguirá siendo público y gratuito y que estará basado en un sistema de gestión moderno para facilitar los trámites a los ciudadanos y mejorar su accesibilidad para los distintos tipos de gestiones, como ya sucede con la inscripción de nacimientos desde hospitales.

- Nombramiento de un fiscal coordinador especializado en asuntos relacionados con la sustracción de menores.

- Regular la acción colectiva para dar la posibilidad de que mediante un único proceso multitud de perjudicados por un mismo hecho puedan ver resarcidos sus derechos.

- Impulsar una Ley Orgánica del Derecho a la Defensa para una mejor regulación de este derecho y reforzando otros derechos y obligaciones conexos a éste.

- Presentar reformas procesales en materia de desahucios para lograr un “mayor grado de seguridad jurídica y de claridad normativa”; e incrementar el control en las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios que acceden al registro.

- Promover un acuerdo de todas las fuerzas políticas que “garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial, reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros”.

PROPUESTAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En su programa, el PP apuesta por una administración “más eficaz” y que evite el “gasto superfluo”.

- Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para “incrementar los controles y cerrar cualquier espacio a posibles irregularidades u opacidades”.

- Después de que partidos como Ciudadanos planteen eliminar diputaciones provinciales, el PP subraya que mantiene su “compromiso” con estas entidades porque desempeñan un “papel imprescindible en la coordinación para la prestación integral y adecuada de servicios públicos en los ayuntamientos y en el fomento del desarrollo económico y social de los municipios españoles”.

- Trabajar por una mayor digitalización de los servicios públicos y seguir avanzando en la reducción de las cargas administrativas desde la simplificación de procedimientos y el impulso de la administración electrónica.

- Ampliar el número de trámites administrativos que se pueden realizar on-line a través de dispositivos móviles.

- Desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y aprobar una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.