El PP quiere cambiar la ley para proteger a los mendigos de los delitos de odio y fomentar las denuncias

Con este objetivo el grupo parlamentario que dirige Rafael Hernando ha registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Interior del Congreso.

La iniciativa, que recoge Europa Press, insta, en concreto, al Ejecutivo a “abordar la reforma legislativa necesaria para incluir a las personas sin hogar dentro del marco de protección penal” ya establecido para otros colectivos, que son víctima de este tipo de delitos.

Esta modalidad delictiva viene motivada por el odio y la discriminación y tiene su origen en prejuicios basados en la discapacidad, la raza, el país de procedencia, la religión, la orientación e identidad sexual, la situación de exclusión social y cualquier otra circunstancia o condición social o personal.

CUATRO DELITOS AL DÍA

Según los datos aportados por el Ministerio del Interior en España se producen cerca de cuatro delitos de odio al día. Durante el año 2015 las Fuerzas de Seguridad detectaron 1.324 casos, lo que supone un 13% más que en el año anterior.

Con su proposición no de ley, el PP anima al Gobierno a continuar implicándose en el combate de estos delitos, manteniendo las campañas de concienciación con el fin de que ninguno se quede sin denunciar. En este sentido, pide medidas para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de cualquier indicio delictivo, de manera que se puedan actuar los protocolos de actuación previstos.

También plantea que se haga una encuesta entre las personas afectadas por estos delitos, para incrementar el conocimiento sobre este fenómeno y mejorar la atención a las víctimas por parte de las Fuerzas de Seguridad.

OFICINA NACIONAL Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Otra de las medidas por las que aboga el PP es la creación de una Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio, dentro del Ministerio del Interior que sirva de enlace permanente a los colectivos de víctimas con el Ejecutivo y las Fuerzas de Seguridad y coordine la formación de estas últimas en esta materia.

También demanda la puesta en marcha de un plan integral contra estos delitos, orientado a la prevención en aquellos ámbitos sociales donde se producen estos hechos y centrado especialmente en las víctimas.