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Análisis

El Partido Popular reactiva la 'TDT party'

El Gobierno comunica dos meses antes de las elecciones la concesión de canales de televisión a 13TV, propiedad de la Cadena COPE; Real Madrid TV, de Florentino Pérez; al grupo Secuoya, la productora que gestiona la televisión de Murcia, gobernada por el PP; y a Kiss TV, del empresario Blas Herrero

Además, concede dos de las tres licencias en alta definición (HD) a Atresmedia y Mediaset para compensar el apagón en el que entre ambos grupos perdieron cinco canales el pasado año

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Edurne Uriarte y Beatriz Talegón, en 13TV

13TV, de la Cadena COPE, es una de las adjudicatarias provisionales de los nuevos canales de TDT.

A exactamente 72 días de las próximas elecciones generales (y dos jornadas después de las catalanas), el Gobierno de Mariano Rajoy ha comunicado a seis de las nueve empresas que se presentaron en mayo al último concurso de televisión su adjudicación como propietarias de las nueva licencias, tal y como adelantó El Confidencial.

Las agraciadas han sido los dos grandes grupos de comunicación (Atresmedia y Mediaset); Real Madrid TV, de Florentino Pérez; 13TV, de la Cadena COPE; el grupo Secuoya, que entre otros proyectos gestiona la televisión pública de Murcia gobernada por el PP; y Kiss TV, del empresario Blas Herrero. Fuera han quedado Prisa, Vocento -para sorpresa de muchos- y El Corte Inglés.

Los tres primeros podrán emitir en alta definición (HD), mientras que los tres restantes se tendrán que conformar con la calidad normal (SD).

Con esta decisión, Moncloa cierra uno de los culebrones que han dividido tanto al sector como a su propio Consejo de Ministros. Pero además, el Ejecutivo conservador se garantiza que en el futuro, esté en el Gobierno o la oposición, contará con aliados en un sector -el televisivo- al que ahora achacan gran parte de sus males, como señaló Rajoy tras el batacazo de las locales del 24 de mayo. De los seis canales otorgados, dos calman los ánimos de los grandes grupos y los otros cuatro caen en operadores cercanos a las tesis populares.

El enfado de los grandes grupos

El apagón de nueve canales de TDT que el Gobierno de Rajoy ejecutó en 2014, tras sentencia del Supremo anulando las concesiones del Ejecutivo de Zapatero, abrió una brecha entre el Partido Popular y los dos grandes grupos de televisión en España: Atresmedia y Mediaset. Ambas compañías defendieron en público, y presionaron en privado, que el Gabinete de Rajoy podía haber resuelto el embrollo sin necesidad de fundir a negro las señales de Nitro, Xplora, laSexta3, La Siete y Nueve, además de canales de teletienda y de pago.

Pero, en un momento en el que el PP sentía que su mayoría sería absoluta para siempre, el Ministerio de Industria de José Manuel Soria cumplió la sentencia del Supremo. Aquella decisión, controvertida en el propio seno del Consejo de Ministros, provocó un alejamiento entre los populares y los dos grandes grupos de comunicación. Tanto es así que hay voces dentro de los conservadores que creen que aquella jugada provocó que tanto Atresmedia como Mediaset 'soltasen la cuerda' de laSexta y Cuatro y se lanzasen a cubrir sus parrillas de programas y tertulias políticas donde el objetivo fuese la corrupción del Partido Popular. Y no les faltó ni les faltan temas de los que hablar.

La proliferación de programas más incisivos de lo que las instituciones estaban acostumbradas, normales en la mayoría de países democráticos, y el salto de los escándalos y la tertulia política al prime time (que, entre otras cosas, consagró a Pablo Iglesias y puso al Partido Popular en la picota) asaltó a Génova y provocó una batalla interna por el control del concurso de televisión.

La caída de la vieja 'TDT party'

Unos pocos años antes, en plena incubación del 15M y con el fin del zapaterismo a la vista, una vuelta al mando de televisión dejaba frases heladoras lanzadas desde las tertulias de Veo7, Unidad Editorial, o Intereconomía. El punto de vista más conservador que se había escuchado en España desde finales de los 70 asaltaba cada noche los modestos pero influyentes canales de una TDT entonces numerosa.

Aquel festival conservador se conoció como la ' TDT party', emulando a la derecha de los conservadores de EEUU con el ' Tea Party' de Sarah Palin. Pero aquel grupo de canales ha ido cerrando entre la crisis (a pesar de las supuestas ayudas económicas del PP) y una competencia fratricida que ha acabado por herir de muerte tanto a Veo7 como a Intereconomía.

Precisamente, con la desaparición de Veo7 y la irrelevancia de Intereconomía, la Cadena COPE impulsó su nuevo canal 13TV. Es el enésimo intento de la empresa de los obispos de tener una televisión influyente en la política nacional, después de intentarlo a través de pequeñas licencias a principios de los 2000 cuando se vivió el boom de licencias de televisión local.

Altavoz propio para 'El cascabel' y Urdaci

Para apaciguar el enfado de Atresmedia y Mediaset y recuperar el control ideológico del mando, aunque sea para mantener a los votantes más conservadores en tensión, el Gobierno convocó un concurso del que ahora, a dos meses de acudir a las urnas, se sabe el resultado. Los grandes recuperan poder en el pastel publicitario y pueden dedicar más canales a sus diferentes 'target' comerciales y los grupos cercanos ganan un altavoz para que sus programas tengan más audiencia e influencia y resucitar así la 'TDT party'.

Así, con la licencia de 13TV, la cadena de los obispos tendrá un altavoz nacional propio para emitir la tertulia de Antonio Jiménez 'El cascabel', donde cargaron contra eldiario.es por publicar la huida de Esperanza Aguirre; 'Más claro agua', dirigido por Isabel Durán; o el informativo 'Al día', presentado por Alfredo Urdaci. Todos estos programas ya se pueden ver en todo el país, pero a través de una licencia propiedad de Unidad Editorial (propietaria, entre otros, de el diario El Mundo) por la que los obispos pagan unos dos millones de euros anuales que ahora se ahorrarán.

El canal de Real Madrid TV cumple una lejana aspiración de Florentino Pérez de tener un escaparate para vender su producto deportivo. Lejana es la relación de las empresas del presidente blanco con el Partido Popular, especialmente en Madrid con importantes intercambios urbanísticos, pero también en otras ciudades españolas.

Kiss TV es propiedad del empresario Blas Herrero, quien explota la emisora de radio del mismo nombre y varias licencias locales. Según publicó El Confidencial, el empresario pagó 12.000 euros al mes al marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, a través de una empresa investigada por la Fiscalía por apropiación indebida y falsedad documental. Antes de todo eso, Herrero se benefició a principios de la década pasada de un contrato millonario firmado con Telefónica y que le hizo ingresar más de 100 millones de euros.

En el caso de Secuoya, una productora de televisión, también se premia a alguien conocido en Génova. La empresa firmó el año pasado un polémico contrato con el Gobierno de Murcia, entonces en manos del popular Valcárcel, para gestionar la televisión pública durante seis años. Y siempre ha trabajado cerca del partido conservador gestionando programas e informativas de varias cadenas autonómicas.

Transferencia de licencias

La concesión de una licencia a una empresa no siempre significa que su influencia venga por la emisión de una programación u otra. Es lo que ha sucedido en concursos anteriores, cuando Vocento y Unidad Editorial lograron sendos canales (Net TV y Veo TV) que intentaron explotar directamente pero solo lograron sufrir grandes pérdidas, lo que hizo que alquilaran sus licencias obtenidas en concurso público a otros grupos para obtener unos jugosos beneficios. De hecho, fuentes del sector audiovisual aseguran que Unidad Editorial subastará la licencia que 13TV le alquilaba hasta ahora para obtener unos ingresos extra en su delicada situación financiera.

Otro caso es el de Prisa o el grupo de productoras propietarias de laSexta, que vendieron su licencia a un tercero. No obstante, esta situación es distinta ya que no se traslada solo una licencia de explotación sino que el comprador asume inicialmente la plantilla, la programación y la deuda del producto adquirido. Pero de todas formas, sigue anulando la decisión de un concurso público para beneficiar a un grupo determinado.

Sea como fuere, el negocio de las licencias de televisión es siempre rentable para las empresas adjudicatarias y en España, siempre, el resultado de los concursos ha estado escorado hacia los grupos más afines con los habitantes de la Moncloa.

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