El PP suma el espionaje a Bárcenas a las investigaciones judiciales que afrontará en 2019

Una década después de que comenzase la investigación del caso Gürtel, la Audiencia Nacional dictó la sentencia sobre la conocida como primera época. El fallo provocó un terremoto político que el PP no detectó y que acabó por expulsarlo de la Moncloa. Tras la salida de Mariano Rajoy, Pablo Casado asumió las riendas del partido y proclamó una renovación que, sin embargo, no le va a librar de afrontar este año los procesos judiciales que arrastra el PP.

El más importante es la parte de Gürtel que afecta a la caja B del PP. Aunque la sentencia que provocó la moción de censura daba por acreditada esa financiación en negro, hay un juzgado de la Audiencia Nacional que investiga esa pieza separada. El pasado mes de octubre, el juez José de la Mata informó de que ya podía juzgarse la parte de la investigación referente al pago en negro de la reforma en la sede de Génova, el impago del impuesto de sociedades de 2008 y la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de esa caja B.

De la Mata, eso sí, seguirá investigando las donaciones de empresarios a esa caja B, una pieza que estaba cerrada pero que se reabrió con la confesión de Francisco Correa en el primer juicio de Gürtel. Según explicó -y no quiso refrendar cuando fue llamado a declarar por el juez de la caja B-, los empresarios pagaban el 3% de las grandes obras del Estado que les adjudicaba de manera irregular el Gobierno de José María Aznar.

Además del juicio sobre la caja B, para el próximo año se prevé el de la destrucción de los discos duros de Bárcenas. En esos discos duros, el extesorero afirma que guardaba información sobre la caja B del PP. La jueza que instruyó el caso dio veracidad a su versión de lo ocurrido.

“No existen razones fundadas para dudar de su testimonio acerca de lo que almacenaba en los discos duros de sus ordenadores, información que fue destruida a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rayar hasta su destrucción física” escribió la jueza Rosa María Freire.

La oposición de la Fiscalía a juzgar el caso y las constantes maniobras del PP no consiguieron frenarlo. Están acusados, además del propio partido, la extesorera del PP Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado Alberto Durán.

Kitchen, Púnica, Lezo

Mientras espera estos juicios, Casado verá cómo avanzan varias investigaciones aún en curso que pueden depararle algunos disgustos. El nuevo presidente del PP tiene la ventaja de que ninguno de esos se produjo cuando ocupaba cargos de responsabilidad en el partido o en la Administración. Sin embargo, su defensa de los gobiernos de Aznar y de su legado, y que haya mantenido a varios altos cargos de la etapa anterior en su dirección le provocarán más de un dolor de cabeza durante el próximo año.

El caso más importante y que toca más de cerca a la cúpula de la que se ha rodeado Casado es la denominada Operación Kitchen, unas pesquisas que se iniciaron a raíz de la investigación contra el excomisario José Villarejo. En una pieza separada se investiga el uso de fondos públicos por parte del Ministerio del Interior en época de Rajoy para espiar a Bárcenas.

La Policía ha enviado un informe a la Audiencia Nacional en el que reconoce que ha detectado pagos a colaboradores y evidencias de que varios agentes del cuerpo se encargaron de esas tareas de espionaje. La investigación continúa bajo secreto de sumario, pero se conocen algunos detalles. Por ejemplo, que el chófer de los Bárcenas cobró por robarles documentos.

Esa investigación toca de lleno a algunos de los colaboradores más cercanos de Casado. Por ejemplo, al portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, que en las fechas bajo investigación estaba al frente de la Policía Nacional. O al ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, a quien el nuevo presidente recuperó para la dirección del partido.

Durante el próximo año también continuará la investigación de Púnica, un caso que rastrea la corrupción que ocultaron los grandes proyectos de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. Todas las ramas de esa investigación ahondan en su legado, pero hay una en concreto que le afecta directamente: la que se centra en la presunta caja B del PP madrileño, que habría servido al partido para superar el límite de gastos electoral en los años de las grandes mayorías de Aguirre.

“Con Casado he sentido renacer la ilusión en el PP”, dijo la expresidenta después de que su discípulo ganase las primarias. Aguirre observa desde fuera la marcha del partido mientras espera si Anticorrupción decide imputarla en la trama. En un escrito enviado hace unas semanas a la Audiencia Nacional, la Fiscalía no descartaba hacerlo, pero argumentó que lo mejor era esperar a que concluya la investigación.

También durante 2019 avanzarán varios casos judiciales que tienen como protagonistas a antiguos líderes del PP. Por ejemplo, la trama Lezo, esa que destapó la ingeniería financiera que Ignacio González diseñó para sustraer fondos de operaciones del Canal de Isabel II. El sucesor de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid es ahora un funcionario del Ayuntamiento de Manuela Carmena.

Además, el caso que tumbó al Gobierno tiene aún varios flecos que marcarán el próximo año. Continuará el juicio de Aena, la pieza separada que investiga el amaño de contratos en favor de las empresas de Francisco Correa. Las piezas separadas que aún se están investigando obligarán a Francisco Camps a comparecer como imputado en la causa sobre la visita del Papa y en la del pabellón de Fitur. Además, el expresidente valenciano está imputado en una causa por la organización de la Fórmula 1, después de que la jueza haya archivado otra por el mismo asunto y en contra de los informes policiales.

El PP tampoco se va a librar todavía del caso que le desalojó del Gobierno y le obligó a una renovación interna. La primera época de la Gürtel ha pasado ahora al Tribunal Supremo, donde tanto los condenados como la Fiscalía han presentado recursos. Queda ahora en manos del Alto Tribunal la tarea de revisar ese fallo y confirmar, si así lo estima, la sentencia que dio por probada la financiación ilegal del PP durante las últimas dos décadas.