El PP responsabiliza a la Junta del uso ilegal de fondos y de tapar la corrupción

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha responsabilizado hoy a la Junta de Andalucía del “despreciable” uso “ilegal” que se está haciendo de los fondos públicos en esta comunidad como lo demuestran casos como el de los cursos de formación.

Hernando también ha acusado al Gobierno de Susana Díaz de pretender “tapar la corrupción” en la comunidad, y como ejemplo ha señalado que la administración autonómica de Justicia está poniendo “todo tipo de trabas”, incluso de “intendencia” a la jueza Mercedes Alaya para evitar que avance en sus investigaciones.

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha comentado las nuevas detenciones que se están practicando en Andalucía dentro de la operación Edu Costa, que investiga las supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación.

El portavoz popular, diputado por Almería, ha dicho sentir “estupor y vergüenza” por los múltiples casos que suceden en esta comunidad que hacen que la “marca Andalucía” se siga asociando con la corrupción.

Casos es los que se produce un manejo “absolutamente inadecuado o irregular” de fondos públicos, y ha señalado que independientemente de que los alcaldes que cometen estas irregularidades sean del PP o del PSOE estos fondos son responsabilidad de la Junta de Andalucía, que permite que se haga un uso “ilegal” y “despreciable” de ellos.

Rafael Hernando ha señalado que ante la corrupción sólo hay dos posiciones, luchar contra ella, como según ha dicho hace el PP, o tratar de “taparla”, como en su opinión está haciendo el Gobierno autonómico de Susana Díaz.

Ha recordado en este sentido el aforamiento de tres exconsejeros señalados por la jueza Alaya en el caso de los ERE -al incluirlos en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz- o las “trabas” que, según ha señalado, esta poniendo a esta jueza la administración de justicia de la Junta.

Todo ello sin olvidar la “grave incompetencia” y la falta de gestión mostrada por el Gobierno andaluz al devolver 800 millones de euros de fondos de formación a desempleados por no haberlos ejecutado.