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El PSC acusa a CiU y ERC de “privatizar” el derecho a decidir y marginar al resto de partidos
El portavoz del PSC en el Parlamento de Cataluña, Maurici Lucena, acusa a CiU y ERC de haber impulsado una “privatización” del derecho a decidir en virtud del pacto de gobernabilidad que han firmado y que pretende convocar una consulta de autodeterminación para 2014.
En rueda de prensa desde la Cámara catalana, ha criticado que este acuerdo deja al margen el resto de partidos del arco parlamentario que, como el PSC, en la anterior legislatura ya mostraron su aval a que los ciudadanos se pronuncien en las urnas sobre el encaje de Cataluña con España.
Los socialistas han interpretado que el acuerdo CiU-ERC se apropia del derecho a decidir sin haber mostrado la mínima “habilidad política” para sumar un amplio frente de partidos para defender la consulta, una consulta que el PSC siempre ha pedido que sea legal y pactada con el Estado.
“Hay una privatización del derecho a decidir que arrincona de manera descarada al resto de formaciones. Esperábamos haber sido incluidos en esta decisión. Ahora es un plan unilateral que no podemos compartir ni en el fondo ni en la forma”, ha sentenciado Lucena sobre el pacto CiU-ERC.
El portavoz socialista, que ha calificado el acuerdo de precipitado, frágil y una enmienda a la totalidad de lo que ha defendido CiU hasta la fecha, ha ironizado que el líder de UDC, Josep Antoni Duran, habrá pasado una “mala noche” por el contenido del acuerdo que precisa la fecha de la consulta.
Lucena también ha criticado que el pacto se haya focalizado en el tema de la consulta, cuando por tercer año consecutivo los presupuestos no se han presentado dentro de los plazos fijados por ley y volverán a llegar con retraso.
IMPUESTO BANCARIO
El portavoz parlamentario de los socialistas, que es economista, ha expresado sus dudas sobre el impuesto a los depósitos bancarios que aprobó el martes el Gobierno de Cataluña y que ERC lleva pidiendo desde la anterior legislatura: “No estoy nada seguro de que sea una buena medida”.
Ha argumentado que puede ser perjudicial sobre dos aspectos fundamentales para la recuperación económica: facilitar que las entidades financieras vuelvan abrir el grifo del crédito, y fomentar el ahorro en una economía que se encuentra en estos momentos sobreendeudada.
